La capacidad adquisitiva de la gente, que es función de sus ingresos o ganancias, es un factor de primer orden en la calidad de vida.

Es una de las variables determinantes en el acceso a los bienes y servicios y por consecuencia influye, a través del consumo, en el comportamiento general de la economía y en el desempeño fiscal del Estado.

Aunque muchos pretenden no reconocerlo, el poder adquisitivo tiene influencia en las ganancias de las empresas por su vinculación con el acceso a bienes y servicios.

Por añadidura, el poder adquisitivo de la gente es determinante en la productividad y competitividad, a través de su actitud hacia el trabajo.

No entendemos por qué algunos empresarios entienden que se puede ser competitivo pagando salarios deprimidos que mantienen a los trabajadores en rangos de capacidad de adquisición muy por debajo de las estimaciones del costo de la canasta familiar.

-II-

Hay una parte del sector patronal que ha dado saltos cualitativos en materia tecnológica para poder adecuarse a los nuevos esquemas, para poder competir y sacarle provecho a la apertura comercial.

Esas adecuaciones implican mejoras en la capacidad de la mano de obra y compromisos más definidos con las normas de calidad exigidas por los mercados internacionales.

No se entiende que ese esfuerzo por superar limitaciones excluya la competitividad del salario, que es la inversión que se hace en la transformación del capital en riqueza, en ganancias.

El país, en sentido general, está tratando de estrechar las brechas sociales, incluyendo, por supuesto, la que pone distancia entre la capacidad adquisitiva de unos y otros estratos sociales, entre las condiciones de vida de uno y otro niveles.

No se entiende cómo en estos tiempos todavía hay quienes piensan que el poder adquisitivo puede ser una brecha intocable y rígida, que se mantenga en condición de estancamiento a pesar de que el mundo apuesta a los cambios en todos los órdenes.

Conviene que la parte del sector patronal que se ha encerrado en una posición rígida entienda que le toca cubrir parte del déficit acumulado en la inversión social y que ahonda nuestras peores brechas.