Hoy 
En el año 2001, el presidente Hipólito Mejía dictó su Decreto No.410/01 de fecha 21 de mayo del 2001 mediante el cual, en uno de sus Considerando, se señalaba lo que sigue: Que las modificaciones constitucionales efectuadas por vía de la Asamblea Constituyente representan constantes histórico-políticas de amplio interés actual y nacional, basadas en precedentes de resultados positivos como fueron las que dieron origen a la propia Constitución del 1844.
En esa virtud, el presidente Mejía crea en su Art. 1 una Comisión Especial que propondrá de modo consensuada (palabra que dio lucha entender y aceptar) al Poder Ejecutivo las modificaciones y la forma de hacerlo (sic) que deban introducirse a la Constitución de la República. De manera inmediata, anunciaba quiénes serían los integrantes de esa Comisión Especial y quiénes sus titulares y suplentes en función de su rango o cargo que desempeñaban en cada organismo o sector escogidos, al que se sumaban doce personalidades independientes así designadas.
El Coordinador de esa selecta comisión lo era, naturalmente, Monseñor Agripino Núñez Collado, teniendo como suplente al dilecto Monseñor Ramón Benito De la Rosa y Carpio, quienes representarían la Iglesia Católica. Las otras 20 instituciones seleccionadas para tan delicada misión fueron: Iglesia Evangélica, Suprema Corte de Justicia, ex presidentes de la República (que nunca asistieron ni por asomo), Junta Central Electoral, Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Consejo Nacional de Unión Sindical (CNUS), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnológica de Santo Domingo (INTEC), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Comisión para el Desarrollo y Reforma del Estado (CONARE), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Participación Ciudadana, Centro de Estudios Sociales, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Junta de Organizaciones Populares (JUNTAPO), Fundación Siglo XXI, Sector Femenino, Sector Medio Ambiente y personalidades independientes, designándose bajo esa nomenclatura al doctor Wellington Ramos Messina, doctor Bernardo Fernández Pichardo, doctor Manuel Bergés Chupani, doctor Luis Scheker Ortiz, doctor Guillermo Moreno, doctor Ramón Tapia Espinal, doctor Juan Manuel Pellerano, doctor Pedro Romero Confesor, licenciado Wenceslao Vega, ingeniero Leopoldo Espaillat Nanita, licenciado Franklyn Franco y doctor Jottin Cury.
Los trabajos se comenzaron de inmediato. Se aprobó un reglamento interno y se formaron las sub comisiones por áreas y especialidades, facultada para recibir y recabar propuestas de instituciones y personas interesadas en aportar ideas que se debatían libremente para ser presentados ante la Asamblea, con las sugerencias y recomendaciones pertinentes, indicándose los puntos de consenso y los disidentes.
El trabajo de las comisiones y subcomisiones fue arduo, igual que el de la Asamblea, teniendo como base de estudio el ante proyecto presentado por CONARE. Nadie cobraba ni un centavo. Era trabajo voluntario, con un alto nivel de calidad y patriotismo. Tuvo que solicitarse una prórroga a los 60 días dado de plazo para rendir el informe final al Señor Presidente de la República que lo recibió personalmente en su Despacho.
En la carta de remisión, de fecha 13 de agosto 2001, se señalaba que La Comisión decidió por consenso recomendar que la reforma constitucional que se contempla realizar próximamente sea hecha por una Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular en unos comicios que organizaría la Junta Central Electoral para lo cual se sugería la modificación de los artículos 117 y 118 de la Constitución. También proponía un período de 4 años para la Presidencia de la República y la no reelección.
El final de la historia es conocido por todos. Seguramente hubiera sido distinto y el porvenir nacional mejor si el Informe de la Comisión Especial hubiera sido atendido y no echado al cesto de la basura. ¡No era vinculante!
