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Puerto rico
Inician caza narcotraficantes
SAN JUAN, (EFE).- Agencias federales en Puerto Rico y la policía tramitaron ayer 95 órdenes de arresto contra miembros de varias organizaciones de narcotraficantes en un gran operativo en el que participaron unos 500 agentes.
La jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que se desmantelaron 22 puntos de drogas del área sur de la isla caribeña donde se vendían estupefacientes por valor de diez millones de dólares anuales.
Rodríguez indicó que el pliego de acusaciones contra el denominado Consorcio de Ponce ha sido el más grande en la historia de la fiscalía federal en Puerto Rico y que se logró desmantelar una serie de organizaciones que operaban de manera coordinada para aumentar sus beneficios.
En los puntos de drogas clausurados en los municipios de Ponce y Juana Díaz se distribuían cada mes unos 8 kilogramos de cocaína, 6 kilogramos de heroína y unos 23 kilos de marihuana.
Todos los puertorriqueños tenemos derecho a vivir en paz, sostuvo Rodríguez, que explicó que los arrestados se enfrentarán a penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua y se les impondrán fianzas de 4 millones de dólares.
Llama proteger ecologistas
SAN JUAN, (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Amnistía Internacional y el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz solicitarán ayer al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ordene a la Policía de Puerto Rico proteger la vida y la salud de tres ambientalistas que se manifiestan subidos en una grúa.
Los manifestantes piden desde el pasado lunes que se garantice el acceso público al fortín de San Jerónimo del Boquerón, antiguo bastión español que había sido cedido durante 50 años al hotel Caribe Hilton, subidos en una grúa de la construcción Paseo Caribe, paralizando las obras de este proyecto turístico y residencial.
Los manifestantes consideran que los permisos de Paseo Caribe fueron obtenidos de manera irregular y en contra de los intereses del pueblo puertorriqueño.
Los obreros afectados por el paro de las obras se han enfrentado en varias ocasiones a los manifestantes reclamando las pagas que están perdiendo y el jueves llegaron a mover de un lado al otro el brazo de la grúa para intimidar a los ambientalistas.
Reos presentan demanda
SAN JUAN, (EFE).- La reciente implantación en Puerto Rico de un Impuesto a las Ventas y Uso (IVU) y el aumento del salario mínimo está afectando a los presos de la isla caribeña, que presentaron una demanda ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por el aumento de los precios en las cárceles.
Los 192 confinados de una cárcel de custodia mínima de Ponce (sur) remitieron esta semana la querella debido a los constantes aumentos en los precios de todos los artículos comestibles que se venden en las máquinas ubicadas en los Salones de Visita y dentro de la mayoría de las instituciones carcelarias del país». Nos han dicho que los aumentos son por el IVU, también por un seguro que tienen que pagar los dueños de las máquinas donde ubican las comidas que compramos y han utilizado como excusa el aumento al salario mínimo federal, indica hoy un comunicado de la Asociación Pro Derechpos del Confinado (Ñeta). Los presos lamentan que hace dos años y medio una hamburguesa costaba 2,5 dólares en el interior de las prisiones
