No cabe la menor duda razonable, que por nuestros políticos vivir acostumbrados a no cumplir, ni hacer cumplir la Constitución y las leyes, sobre todo, si son gobierno y están en el poder, de buscarle a cada violación de la ley un bajadero. De hacerse los desentendidos, permitiendo el caos migratorio, por unos votos más, al no evitar la conspiración urdida desde 1996 contra la soberanía nacional.

La causa principal de la complicidad de los políticos y sindicalistas dominicanos, es permitirles, por prebendas, a los empresarios, hacendados y constructores quitarles los empleos a los obreros dominicanos sin tomar en cuenta que el auge de la delincuencia en los últimos años lo es el desempleo.

Que motivos valederos tiene el gobierno dominicano para no cumplir con la ley No. 285-04 de Migración, ni su reglamento No. 631-11, para dictar el inconstitucional Decreto No. 327-13 y la Ley 169-14, para regularizar lo ilegal. Lo peor es que en el Registro Civil donde se han cometido falsificaciones de documentos públicos y su uso, penados por los artículos 145, 146, 147 y 148 del Código Penal. Se excluya a los responsables. El fraude lo corrompe todo, lo ilegal no genera legalidad.

Como es posible que el Ministerio de Trabajo no haga cumplir la ley sobre el ochenta por ciento del trabajo para los dominicanos y los sindicalistas aburguesados no reclamen en los tribunales esta barbaridad.

Un gobierno que no hace cumplir la ley y procede a legalizar lo ilegal, que ordena desde 1996 no deportar del territorio dominicano a todo extranjero que esté sin los documentos correspondientes pasaporte, visa y con la autorización de estadía vencida. Es increíble.

El movimiento para recaudar fondos privados para construir una cerca en la frontera, no procede, quien debe construirla es el gobierno por ser su responsabilidad de aplicar la ley de migración y su reglamento, impidiendo la entada de los sin papeles. Si la frontera no es controlada para impedir la entrada de los indocumentados, ningún plan de regularización podrá tener resultados en defensa de la soberanía nacional. Incluyendo que el Estado tenga que pagar estudios y servicios de salud a extranjeros en detrimento del pueblo dominicano.

De ahora en adelante el pueblo dominicano no les perdonara a los gobiernos temblorosos que tenemos, que continúen permitiendo que se atente contra nuestra soberanía e independencia y acepten la infamia y las calumnias contra la república sin hacer nada.