POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador Francisco Domínguez Brito dejó claro a un grupo de legisladores que solicitó la libertad del diputado Guillermo Radhamés Ramos García que «ya se tomó una decisión y no habrá marcha atrás».

Los legisladores perredeístas Leivín Guerrero, Manuel González, Cristian Encarnación, Ramón Arturo Goris y Juan Jerez, al igual que el reformista Ismael Terrero, entregaron una comunicación a Domínguez Brito en la que alegan que se ha violado el artículo 32 de la Constitución en perjuicio de Ramos García.

Alegan, que mientras este abierta la legislación ningún congresista puede ser apresado.

No obstante, Domínguez Brito, según fuentes de entero crédito, habría pedido a los legisladores que entiendan la posición del Ministerio Publico, puesto que se fundamentaba en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que condenó al ex cónsul en Cabo Haitiano a 18 meses de prisión correccional en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

En el encuentro, celebrado la tarde del martes en la sede del Ministerio Público, Domínguez Brito fue claro y preciso al afirmar que sólo la justicia podría disponer la libertad del diputado Ramos García.

Los legisladores piden la excarcelación del diputado por La Vega y esperan una respuesta formal de la Procuraduría.

Sin embargo, en el seno de la Cámara de Diputados también hay legisladores contrario a Ramos García y en favor de que sea despojado de su inmunidad.

Tal es el caso del diputado peledeísta por Santiago, licenciado Abel Martínez, quien sometió una resolución en la que pide el desafuero del ex cónsul, sentenciado por tráfico de ilegales a través de la frontera.

El diputado reformista por la provincia Duarte, doctor Héctor Mora Martínez, consideró que la Cámara Baja no tiene otra salida que quitar la inmunidad a Ramos García.

Mora Martínez, quien fue abogado de Ramos García, sostiene que frente a una sentencia de la Suprema Corte «no hay más camino que cumplir con el fallo».

Alegó que sería una incongruencia de la Cámara Baja disponer la libertad y mantener la inmunidad a un legislador que fue condenado por la Suprema.

Mientras que los Damián Olivares y Domingo Porfirio Rojas Nina consideran que es ilegal la prisión del diputado perredeísta por La Vega, porque la legislatura está abierta y su prisión viola el artículo 32 de la Constitución.

Ramos García fue condenado a un año y seis meses, mientras que los orientales Ng Shoon Seng y Chen Ngom Chon, salieron a pena cumplida.