Hoy 
El turno en el debate le ha tocado ahora al bromato de potasio, un químico con probadas propiedades cancerígenas que se usa en panadería desde 1914.
Japón fue el primer país en controlar rigurosamente el uso de este químico en productos de consumo humano. En 1982 el científico Yuki Kurokawa publicó estudios sobre los efectos altamente cancerígenos del bromato de potasio en ratas de laboratorio.
En 1983 la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer reconoció el efecto cancerígeno del bromato de potasio y ese mismo año la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Agriculture Organization (FAO) restringieron a 75 miligramos por kiologramo de harina la proporción de bromato.
En 1985, nuevas comprobaciones del efecto cancerígeno del bromato de potasio llevaron a la Health and Welfare Agency de los Estados Unidos a reducir aún más -a 50 miligramos por kilogramo de harina- la proporción de esta sustancia en los componentes del pan y las reposterías.
Por las mismas causas, en 1989, la Comisión Europea prohibió totalmente el uso de esta sustancia en alimentos y dulces de harina.
Y aquí está vigente desde hace un mes y medio una norma para eliminar gradualmente el uso de esta sustancia.
Nuestro recuento lleva a la conclusión de que sustituyamos cuanto antes, sin dilaciones injustificables, esta peligrosa sustancia.
Falta de equidad
En el Poder Judicial hay que reconocer la importancia de dos soportes fundamentales para la administración de justicia.
Jueces y fiscales, necesariamente abogados, tienen funciones específicas recíprocas a veces, complementarias otras, pero siempre conducentes a facilitar la administración de justicia.
Es quizás debido a esa reciprocidad que no entendemos por qué se confiere a los jueces un estatus distinto al de los representantes del Ministerio Público.
En términos de ingresos, los jueces son mejor pagados que los representantes del Ministerio Público, a pesar de la responsabilidad compartida que tienen en la administración de justicia.
Ahora que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, plantea la necesidad de profundizar la reforma judicial, consideramos prudente que se anote la inquietud que motiva nuestro comentario.
No debería haber una brecha de estatus tan pronunciada entre la Judicatura y el Ministerio Público.
¿Otra vez?
Nuevamente se baraja el plan de asignarle un carril exclusivo a los vehículos de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA).
Este propósito es barajado entre la OMSA y la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), aparentemente sin participación de las autoridades municipales.
La fórmula en cuestión no dio buenos resultados en sus inicios, entre otras cosas porque no hubo una previa organización del caótico tránsito.
Esperamos que esta vez una decisión de esa naturaleza responda a criterios mejor elaborados que la primera vez.
