Parecería que el Gobierno es el que menos cuentas se da de  que el país se torna alarmantemente inseguro para la mayoría de sus habitantes. Que esa mayoría suele hablar con  pena de su nación. Casi como si sintiera que la criminalidad  acecha aun en la propia casa o a dos metros de ella. Desalmados asaltantes, que con alarde se benefician  de la falta de restricción, pululan. Nos han robado la paz y el sosiego, mientras la reacción de autoridades notables es hacia la minimización del problema y hacia la conjetura  de que la inseguridad, tan extendida, deviene puramente de la percepción, mientras el dominicano promedio entiende que ya esto se jodió, y de que la retórica oficial no nos va a salvar.

Este editorial, aunque no lo pareciera, tiene un fin  de condolencia  a la firma Bruno Diesel, (pero también a toda la sociedad dominicana),  empresa tecnológica que con optimismo y culto  a su  responsable quehacer comercial publica semanalmente una página de información en este periódico sobre la calidad de sus servicios; pero que esta vez (ver página 14B de domingo 7 de agosto) vistió su espacio pagado  de crespón, con cruz de sufrimiento, dolida por la trágica muerte de su fiel empleado, vendedor,  Bruno Pineda, víctima  de la libertad de acción de la que se aprovechan los criminales en este país, que segaron su vida en busca de bienes insignificantes, lo que  ilustra del fracaso de este Estado para preservar el orden. Paz a sus restos.

Grave atentado al periodismo

El asesinato del periodista romanense José Silvestre  sigue en la impunidad; y los presagios (todavía sin nombres, sin señas y sin elementos de juicio) en el sentido de que los autores serán descubiertos en breve no deben calmar la indignación  que embarga a la sociedad y a la clase periodística. El historial de castigos a los asesinos de periodistas  en República Dominicana no mueve a optimismo. Y mucho menos en el descubrimiento de autores intelectuales. Por sobre todas las cosas, Silvestre fue asesinado por ejercer la crítica y por dar informaciones  (discutibles o no) en una práctica  que la Constitución  protege porque este es un país de libertades y de compromiso con el respeto a la vida. Su  muerte se asoma como un despertar de la barbarie hacia  la comunicación pública en general. Es rigurosamente cierto que si estos asesinos se salen con la suya, la libre expresión del pensamiento   ingresará  a un sombrío presente.