Buen paso

<p>Buen paso</p>

La Junta Central Electoral (JCE) acaba de dar un paso justo y necesario, al establecer tarifas fijas por los servicios que ofrecen las oficialías del Estado Civil y sueldos a los servidores de las mismas.

El hecho de que los ingresos de los oficiales del Estado Civil fuesen generados con la venta de los servicios se prestó siempre para actuaciones poco transparentes y distorsión del papel de estos organismos.

El Estado está obligado a garantizar que sus súbditos reciban certificación de nacimiento y de identidad por un costo mínimo.

-II-

Del mismo modo, los demás servicios de las oficialías del Estado Civil deben estar sujetos a tarifas justas únicamente para cubrir costos.

Esta decisión, así como todas las que permitan dar transparencia a organismos tan delicados como las oficialías, constituyen pasos acertados en beneficio de la sociedad.

Es estimulante que se esté procediendo en  esta dirección, pues con ello se acaba con situaciones enojosas e injustificables.

Lástima que estas soluciones no diluyen las secuelas dejadas por la intolerancia que motivó, en un momento determinado, el valor de un oficial del Estado Civil que se pronunció contra estas anomalías.

Indolencia
No es una novedad, y eso es lo malo, que en este país se trate con desprecio la calidad de los servicios que requiere la población.

Por una vergonzosa rutina, aquí ocurre que hospitales tienen que limitar determinados servicios por la falta de algún equipo.

Desde hace por lo menos cinco años, en el hospital Salvador Gautier están suspendidas las pruebas de audiometría que sirven para el diagnóstico de deficiencias en la audición.

La muestra de indolencia más evidente es que esas pruebas están suspendidas por la falta de un equipo que cuesta US$2,000, cantidad insignificante si se la juzga en  función de lo que permitiría hacer en beneficio de tantas personas que padecen falta de audición.

No es novedad, es pura rutina.

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