CÉSAR PÉREZ
Varios hechos políticos y sociales acaecidos en las últimas semanas, dan cuentas de graves síntomas de mala salud de la sociedad dominicana, de la escasa capacidad del gobierno de reaccionar positivamente ante temas concretos, a los cuales se debe dar respuestas sin medias tintas, sin mediaciones informales, sin meras campañas de imagen, si quiere invertir la peligrosa tendencia hacia la acentuación de la desconfianza de la población en las principales instituciones del país.

El Hatillo Palma, el asesinato de un nacional dominicano, cometido por nacionales haitianos provoca una violenta reacción de parte de ciudadanos dominicanos, que tomando la justicia por su cuenta ya han dado muerte a cuatro nacionales haitianos, cercenándole la cabeza a uno de ellos que, según testimonio de dominicanos, tenía 30 años residiendo en nuestro país. Además de tan salvaje acción, se suma la reacción de las autoridades de migración que recurrieron al expediente de deportación atropellada de nacionales y/o dominicanos de origen haitianos.

Tocó la significativa coincidencia que simultáneamente en una comunidad española, en un hecho de sangre donde se vio envuelto un dominicano, algunos nacionales españoles, utilizando calificativos denigrantes contra los dominicanos, quisieron hacer lo mismo. Pero a diferencia de aquí, no hubo deportaciones, y el loable el comportamiento civilizado de parte de muchos nacionales españoles que repudiaron en las calles evitó que se cometiera daños contra los dominicanos.

El caso del asesinato de una joven pareja, ha evidenciado que el hecho se cometió en el contexto de una sórdida práctica de prostitución y abuso contra adolescentes en un centro educativo encabezada por un fraile católico. En la profundización del caso se ha puesto en evidencia la existencia de una banda de degenerados sexuales, que actuaron amparados por la irresponsabilidad de autoridades eclesiales y estatales que tenían conocimiento de las insanas prácticas del referido frailes y como ante denuncias de hechos similares en otros centros educativos en otros momentos, no actuaron a tiempo para impedir la tragedia.

Otra expresión de falta de protección ciudadana, lo constituye incalificable abuso de las autoridades de un colegio privado, al expulsar de sus aulas a tres inocentes, niños por ser hijos del sindicado narcotraficante Quirino Paulino. Una acción que recuerda las expulsiones de sus centros de estudios a los niños judíos de la Alemania nazi o a hijos de algunos opositores durante algunos gobiernos tiránicos, sin que todavía se haya producido la reacción definitiva de las autoridades correspondientes.

La dirección del colegio justifica para tal acción, porque algunos padres expresaban sus temores porque la presencia de los niños en el centro escolar podría provocar hechos peligrosos. La repulsa a esa medida y esa justificación es generalizada, pues todos sabemos que la razón básica por lo que los quejosos pudieran sentirse incómodos con la presencia de esos niños en dicho centro, era porque estos, por su origen social, (no por el origen de la fortuna de su padre) le restaba valor a la exclusividad comprada en la selección del centro educativo para inscribir a sus hijos. Otra expresión de malestar son las amenazas de protestas en las calles de algunos dirigentes gremiales y populares, para que el gobierno mantenga el subsidio al precio del gas propano, que por la forma en que se hace, constituye otra forma de corrupción política. Diversos técnicos de este y de anteriores gobiernos han demostrado que los principales beneficiarios de ese subsidio son algunos empresarios y dueños de flotillas de vehículos del transporte público, sin que hasta el momento, por simple cálculo del costo político que esto le acarrearía al partido en poder el subsidio no se limita sólo a las familias pobres. Varios dirigentes políticos de parcelas de diversas matrices ideológicas coinciden en la posición de que los gobiernos mantengan ese subsidio, por cuya práctica dolosa guardó breve prisión un dirigente político que hoy busca la presidencia de su partido.

Finalmente, en franca violación a elementales práctica de la institucionalidad de los procesos judiciales, durante el conocimiento en los tribunales del sonado caso de la demanda por difamación hecha por un personero del anterior gobierno contra un aliado de la presente administración, el partido oficial y otros con quienes comparte la dirección de estado, hacen una proclama pública de apoyo al demandado y concomitantemente, el ministerio público hace una serie de allanamientos a personas supuestamente vinculadas al demandantes tratando de encontrar supuestas pruebas que favorecerían la defensa de su aliado político en dicho proceso.

Estos hechos, y otros más, se han sucedido de manera casi simultánea, evidencian que buena imagen no cambia hechos. La vastedad y complejidad de nuestros problemas no pueden ser sueltas con políticas de golpe de efectos ni con reingeniería de una clase política que ha fracasado en la conducción de los destinos del país, sólo de la articulación de un vasto abanico de fuerzas políticas, sociales y productivas (sin exclusiones) se puede esperar una superación de la situación.