La iniciativa de la Procuraduría General de la República, de recoger a los menores de edad que estén en las calles en horas inoportunas de la noche constituye un paso de avance en la aplicación de las leyes que protegen a esta franja poblacional tan vulnerable a todos los peligros.

Además, representa un esfuerzo plausible en el sentido de inculcarle a los padres de esos menores la responsabilidad que tienen ante éstos y la sociedad, responsabilidad que se ha relajado de manera preocupante como parte del resquebrajamiento de la cohesión familiar.

Estos muchachos que limpian cristales de autos, venden flores en los semáforos o simplemente vagan, son las víctimas preferidas de toda suerte de antisociales, que los utilizan como mulas para trasegar porciones de drogas, para inducirlos al robo o para consumar aberraciones sexuales.

La legislación que los protege no sólo atañe a los aspectos penales y correccionales en que puedan verse envueltos los menores de edad, sino también a aquellas cuestiones de orden social que puedan viciar sus conductas y convertirlos en potenciales delincuentes.

Es hora de que la resquebrajada responsabilidad paterna tenga quien se ocupe de restaurarla y de sancionar los descuidos y la inducción de menores a tareas no apropiadas para ellos y su formación.

 -II-

Desde luego, esta tarea de sacar a los menores de las calles cuando divaguen en horas inoportunas y de enseñarle a sus padres las responsabilidades que deben cumplir, debe tener como soporte la garantía de prerrogativas que son necesarias en la cohesión familiar.

En términos reales, muchos padres de estos muchachos están desempleados y todos en la familia «se la buscan» de la mejor manera posible para poder sostenerse. En estos casos, restregarles las obligaciones que tienen para con sus hijos sin ofrecerles alternativas para mejorar su situación familiar convertiría en inútil esta labor que ha emprendido la Procuraduría.

Necesariamente, el Ministerio Público debe tener el respaldo de un programa social que permita modificar el estatus de aquellas familias en las cuales, probadamente, el trabajo de los menores sea realmente una forma de subsistencia porque los padres no estén en condiciones de trabajar, o si trabajan, no ganan lo suficiente para una sustentación aceptable.

La represión debe ser selectiva de manera estricta, para diferenciar los casos y valorar las motivaciones y causas reales que lanzan a menores de edad a las esquinas de los semáforos, a las calles, a merced de todos los peligros habidos y por haber.

En un contexto general, la iniciativa de la Procuraduría General de la República merece ser respaldada con acciones, con programas de contingencia que brinden a esos muchachos de la calle la oportunidad de estudiar y alimentarse, y a sus padres la posibilidad de cumplir a plenitud sus responsabilidades.