Con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 155-17, Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el país va a contar con un poderoso instrumento legal para atajar la corrupción y el crimen en todas sus modalidades; además la República se pone a tono con los estándares internacionales y el cumplimiento de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus siglas en español, FATF por sus siglas en ingles), sin embargo los legisladores cometieron un error con el tema de las cooperativas de ahorros y préstamos.
Aunque en artículos anteriores traté el tema es bueno refrescar que el GAFI fue creada como una institución intergubernamental por el G-7 en 1989, y en sus inicios el objetivo fue crear un marco mundial de normas para enfrentar el lavado de capitales provenientes del narcotráfico, por ello, al inicio se centraron en la prevención de la utilización del sistema financiero para estos fines.
Las primeras recomendaciones fueron publicadas en 1990, en 1996 fueron modificadas para reflejar la evolución del lavado de activos y para ampliar el espectro de los delitos asociados. Tras el atentado a las Torres Gemelas en EU el GAFI amplio su objetivo en contra del financiamiento de organizaciones y actos terroristas, por ello en 2003 fueron revisadas las normas y la última modificación fue en 2012, contenida en 40 recomendaciones, abarca el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
El país es miembro cooperador del GAFI, ingresó al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), creada en 1992, también forma parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), creada en el año 2000. Este último es el encargado de supervisar al país en el cumplimiento de las normas sobre lavado y una misión de esa entidad visitará el país en septiembre de este año para evaluar el cumplimiento de las normas contra el lavado.
El proyecto, fue el resultado de un trabajo interinstitucional y asesorías internacionales, fue depositado por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 8 de febrero de este año; el 19 de mayo fue aprobado en segunda lectura, pero fueron excluidas las bancas de apuestas. En su momento publiqué un artículo llamando la atención sobre el error de eliminar de la ley empresas muy vulnerables para el lavado de activos (“Bien por la aprobación, mal por la exclusión de las bancas”, Periódico Hoy, 28/05/2017).
Afortunadamente el día primero de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley incluyendo las bancas de apuestas como “sujetos obligados no financieros”, pero estableció un párrafo mediante el cual las cooperativas de ahorros y préstamos se mantienen como “sujetos obligados” pero supervisados por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). Esa misma tarde el Senado convirtió en ley el proyecto y el día siguiente el Poder Ejecutivo lo promulgó.
Resulta que hay cooperativas de socios que deben ser orientadas y supervisadas por el IDECOOP, pero hay grandes cooperativas con patrimonio mayor a muchos bancos múltiples y que en la actualidad están haciendo intermediación financiera, es decir captan del público y prestan al público.

Por esas razones durante meses la Administración Monetaria y Financiera trabajó en un anteproyecto para regular esas grandes cooperativas, fue conocido y aprobado por la Junta Monetaria el 9 de febrero de este año, remitido al Poder Ejecutivo, y establece que las pequeñas cooperativas serian reguladas por el IDECCOOP, pero las grandes cooperativas, que realizan intermediación financiera, serán supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

Esas cooperativas, que indudablemente rinden un importante servicio social, representan sujetos potenciales para el lavado de activos, además como captan recursos del público deben regularse en término de un encaje legal por esos depósitos, un patrimonio para responder al riesgo de los activos y una supervisión con un ente capaz de vigilar esas y otra variables. Una quiebra de una gran cooperativa podría colocar en riesgo sistémico el resto de las cooperativas e incluso afectar el sector financiero.