La inequidad sigue siendo un factor determinante en el ejercicio político en nuestro país. Desde el poder no se le mide la esencia ética a ventajas creadas para favorecer la retención de posiciones electivas. La defensa de la injustificable asignación de fondos que tienen los senadores, que la gente conoce como “barrilito”, es una forma de inequidad, de ventaja inmerecida de unos políticos ante sus adversarios por cargos electivos.

Contra esta ventaja de senadores que aspiran a reelegirse, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, favorece que los recursos del “barrilito” les sean retenidos a quienes se han repostulado, a partir de que el organismo que preside haya aceptado sus nominaciones. Es lo más juicioso que corresponde hacer para evitar que el uso clientelista de estos recursos, y no los méritos,  ponga en ventaja a unos contra otros.

Hacemos causa común con el presidente de la JCE, aunque bajo la aspiración de que, en vez de retención temporal, el “barrilito” sea suprimido definitivamente.  Es una provisión de fondos públicos injustificable desde todo punto de vista, pues es fuente de inequidad en la lid electoral y que tiene el   pecado de origen de que ha sido  hechura de los propios interesados. La prédica de equidad no tiene mérito si no es consolidada por la práctica.

Una advertencia que entusiasma

El doctor Eddy Olivares, miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, ha advertido a los candidatos que deben abstenerse de recibir dinero del crimen, so pena de ser excluido del proceso electoral o perder el puesto, en caso de haberlo ganado. La advertencia nos entusiasma porque hace presumir que la Junta está en condiciones de fiscalizar el origen de los fondos que emplean los candidatos o sus partidos para costear la campaña.

Más que fiscalizar el origen de los fondos, según esta advertencia estaría en excluir la candidatura y, en caso de elección consumada, despojar del cargo al senador, diputado, alcalde, vice alcalde o regidor electo. De ser posible todo esto, hemos avanzado bastante en el aspecto ético de los procesos electorales. Hasta ahora creíamos que una ley de partidos como Dios manda sí que permitiría un ejercicio de vigilancia y sanción por desmanes de esta naturaleza. La advertencia entusiasma.