El Poder Ejecutivo ha dado una buena señal con su decisión de excluir del presupuesto nacional a las organizaciones no gubernamentales regenteadas por legisladores y ex legisladores.
La decisión coincide con cuestionamientos formulados por diversos sectores, que consideran muy alto el nivel actual del gasto público y sugieren que el Gobierno se someta a un régimen de austeridad.
Con honrosas excepciones, las organizaciones no gubernamentales que han sido excluidas del financiamiento oficial no llenan un cometido de beneficio social.
En la generalidad de los casos, esas organizaciones han servido como soporte para el clientelismo de gente que aspira a mantenerse en los cargos electivos.
En el país operan muchas organizaciones gubernamentales que retribuyen con creces al Estado por las facilidades, financieras o de otras índoles, que les son otorgadas para que puedan desarrollar sus operaciones.
Esas organizaciones, de bien ganado prestigio, se han acreditado por rendir un auténtico beneficio social sin contaminarse en las corrientes de la política.
Hay muchas causas nobles que podrían ser bien servidas con el ahorro que logrará el Gobierno con la exclusión de las organizaciones no gubernamentales de legisladores y ex legisladores.
Esperamos que esta decisión sea el comienzo de un plan de austeridad que lleve a revisar todos los conceptos de gastos que se sustentan del erario, y que el ahorro logrado permita incrementar la deficitaria inversión social.
El Presidente Leonel Fernández ha dado una buena señal y debe sentirse estimulado a mantener esta línea de conducta.
Injustificable
Un costo injustificable que se carga a los ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos es el que se les cobra por servicios consulares.
No hay manera de justificar los altos precios de estos servicios, sobre todo cuando está a la vista que el número de vicecónsules en ciudades como Nueva York es excesivamente alto, cuya paga demanda cuantiosos recursos.
Por menos que se quiera, la gente establece un vínculo indeseable entre los altos precios de los servicios consulares y el gasto que representa mantener una nómina de vicecónsules tan injustificadamente numerosa.
Quizás, ahora que se ha dado tan buena señal con haber excluido del presupuesto nacional a las organizaciones no gubernamentales de legisladores y ex legisladores, se decida revisar la estructura de gastos de los consulados y rebajar los altos precios de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.