La II Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas ha servido para airear los perjuicios que se derivan de la migración haitiana hacia la República Dominicana. Ha permitido a autoridades como el vicepresidente Rafael Alburquerque y al procurador general Radhamés Jiménez, responder como es debido las injustificables quejas por alegada inseguridad de sus súbditos emitidas en una carta por grupos haitianos.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, también ha fijado posición sobre la imposibilidad de que la República Dominicana cargue con los problemas de Haití. Esto ya ha sido planteado en importantes foros internacionales en que mandatarios dominicanos han reclamado que  las grandes potencias ayuden al pueblo haitiano.

Lo que debe quedar claro a través de las vías diplomáticas, directas y a través de organismos internacionales, es que el Gobierno haitiano, permanentemente, ha rehusado ponerle freno a la migración hacia nuestro territorio. Siempre ha rehuído procurar acuerdos sobre esta materia y  aprovecha la migración como válvula de escape para la presión social sin intentar buscarle soluciones internas. Los países que comparten fronteras deben siempre poner por delante la buena voluntad para con el vecino. Esperamos que el régimen de Haití lo practique alguna vez.

Retiro: sinónimo de abandono

Una pensión de tres mil o cinco mil pesos no es digna para nadie, y mucho menos para quienes se han gastado los mejores años sirviendo al país desde los cuerpos armados.  El Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro (IGAFAR) ha expuesto la situación que afecta a la mayoría de militares retirados. Fue en la comparecencia de sus principales dirigentes en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Es irónico que aquellos  que han servido para velar por la seguridad de nuestro Estado, carezcan, una vez en retiro, de una pensión digna y prestaciones adecuadas de seguridad social. Hay una queja generalizada por los risibles montos de las pensiones y porque los militares en retiro no han sido incorporados al  sistema de seguridad social. Las políticas sociales del Estado deben ponerse al día con los hombres y mujeres que han dedicado desde sus años mozos hasta la vejez para servir a la patria.