Gabriel Santana Borsilea, uno de los siete arrestados mediante la operación Búho, por su supuesta vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), «no entendía que había sido engañado con certificados inorgánicos» por parte del administrador general de dicha entidad financiera, Jorge Eligio Méndez.

Así lo aseguró una fuente de alto perfil y ligada a Santana Borsilea, quien detalló al periódico Hoy que el encartado desconocía sobre la creación de créditos falsos que, según el Ministerio Público en el expediente acusatorio, eran desembolsados en las cuentas de los señalados de pertenecer a la presunta estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que eran retirados», con el que reflejaban una ficticia liquidez y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones, y asegurarse de que se continuaran las operaciones delictuales.

La fuente también dijo que Borsilea llevó a amigos de él «de toda una vida», incluyendo peloteros a cobrar con el mismo método de pago vía la cooperativa, pero desde que supo lo que Eligio Méndez supuestamente le había hecho comenzó a tomar las medidas necesarias para resarcir el daño que habría causado a los ahorrantes de Coop-Herrera.

«¿Cómo usted cree que yo lo voy a engañar a mis amigos?», cuestionó Borsilea, quien supuestamente le ha encomendado a otras personas las diligencias de buscar el dinero para remediar los daños, que de su parte se estima son 6 millones de dólares, que equivalen a casi 340 millones de pesos.

Sin embargo, esa versión contradice lo relatado por el órgano acusador en la página 128 del expediente:

«(…) Probamos que durante la supervisión e intervención en Coop-Herrera se descubrió un esquema de fraude liderado por altos funcionarios, incluyendo al Administrador General Jorge Eligio Méndez y Gabriel Santana Borsilea. Estas acciones fraudulentas involucraron la extracción de recursos de socios, falsificación de firmas, concesión irregular de créditos y uso de certificados de socios para pagar deudas personales. Estas prácticas revelaron debilidades en la gestión de gobernabilidad, control interno deficiente y falta de transparencia. Además, se identificaron problemas en la gestión de riesgos, mala calidad de la cartera de crédito y concentración en grupos vinculados».

«Se recomienda la cancelación de certificados sin respaldo económico, disolver contratos fraudulentos, devolver intereses y fondos robados, y embargar bienes de los involucrados como medidas necesarias. Estas acciones son esenciales para abordar la situación financiera y restaurar la confianza en la cooperativa», dice la acusación.

Los demás arrestados son Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos, concluyó el Ministerio Público.