POR LLENNIS JIMÉNEZ
Los buhoneros de la Plaza Juan Barón, en la zona del rompeolas frente a Ciudad Nueva advirtieron ayer al síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, que se resistirán al desalojo hasta con su propia vida en caso de que el Ayuntamiento quiera entregarles el área a los inversionistas del proyecto turístico Sans  Soucí.

Alegaron que fueron “engañados” por haberles prometido el síndico un proyecto y una remodelación similar a la que se hizo en la isla de Aruba.

Empero, Salcedo aclaró que no propone sacar a los comerciantes de esa área del malecón en la avenida George Washington. Aseguró que tampoco desalojará a los negocios formales e informales ubicados en las proximidades del monumento a Fray Antón de Montesinos.

El síndico informó que el proyecto de la Sans Souza contempla la construcción de un puente para unir a Ciudad Nueva con el sector Villa Duarte, y prescindir del puente flotante de la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto).

La propuesta de desalojo solicitó al Ayuntamiento la empresa Inversiones Turísticas Sans Soucí, S.A., la cual planteó en un documento, que saquen los ocupantes entre el monumento de Montesinos y la franja del Obelisco Macho, incluyendo a la Plaza Juan Barón, en la que señala que operan 46 negocios, de los que dos son ilegales y tres podrían permanecen, cumpliendo con las reglas de su proyecto, otorgado mediante decreto 177-05.

Al proyecto de Revitalización y ampliación del Puerto de Santo Domingo, que incluye la construcción de una Marina Deportiva y un club Naútico, no están opuestos los propietarios de negocios de la Plan Juan Barón, pero niegan que sus contratos estén vencidos como indica el levantamiento hecho por los promotores.

Los negociantes rechazaron que su asociación sea ilegal como aseguran los inversionistas y afirman que además de estar constituidos en Junta Directiva, se incorporaron a la Asociación de Buhoneros de la Zona Colonial y Aledañas, reconocida con el decreto 357-90, la cual los carnetizó.

En la Plaza Juan Barón operan 37 negocios, los cuales funcionan como cafeterías  y bares, y elaboran comida criolla, pizza, hamburguesa, chimichurris, y expenden bebidas. La mayoría abre sus puertas a partir de las cuatro de la tarde y unos tres puestos en horas de la mañana. De acuerdo a comerciantes, por cada negocio se contrata la mano de obra de tres y cinco personas.

José Hicinio, primer miembro de la Junta Directiva y propietario de Café M & F, salió al frente a la propuesta de la empresa inversionista señalando hace un mes que el síndico les prometió, en su despacho, indemnizar sus negocios, para dejar una cantidad en la plaza y reubicar otros, para lo que les pidieron una lista de los 37 miembros.

Precisó que Salcedo quedó de recibirlos a los ocho días en su despacho y no han podido verlos.

Afirmó que no están de acuerdo con la indemnización porque consideran “que nos están hablando mentira”. Sostuvo que hay personas con 15 años en la plaza y no saben con qué objetivo el Ayuntamiento tiene entre ocho y nueve meses que no les quiere cobrar la tarifa por uso del suelo. “Eso es a propósito, porque funciona legalmente sacarlos compulsivamente sino estamos pagando, pero los contratos nos avalan de que no estamos ilegales, y los recibos de pago”.

Tildó a la Sindicatura de actuar en forma maliciosa. “Si no nos quieren cobrar con el objetivo de sacarnos compulsivamente, nos van a tener de frente”.

Además, porque mientras por un lado el síndico negocia con ellos, se dan cuenta de que un escrito de la prensa de ayer, hablaba de que se les quiere desalojar. “El síndico nos prometió que aquí iban a hacer un proyecto de remodelación, como un proyecto turístico  y que nosotros nos íbamos a quedar aquí”. 

Expresó que le depositaron al síndico Salcedo el documento de acreditación de la asociación, en el que la mayoría de sus miembros eligió como representación a Rubi Ortega, San R. Torres Ureña, Maritza Victoria, Néstor Ledeño Emilio, Modesto Miliano y él.

Hiciano explicó que una persona del proyecto Sans Soucí, que no se les identificó, se acercó a ellos para avisarles que la decisión de esa obra es del gobierno central.

Mostró a redactores de este diario la copia de un documento de levantamiento que le dejó la persona del proyecto, pidiéndoles cada negocio que declaren el nombre de local, número, permiso de ley -si tiene o no-, decir quién se lo otorgó. Indicar el tipo de estructura, la colindancia, la estructura sanitaria y señalar el desagüe.