Son muchas las cosas que podrían decirse sobre la decisión  del Procurador  General, Jean Alain Rodríguez, de solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría forense a todas las obras construidas en el país   por Odebrecht  a fin de  determinar si existen sobrevaluaciones,  pero me limitaré  a señalar la mas evidente: llega demasiado tarde. ¿Qué pasaría si, el día que concluyan esas auditorías,  se determina que las obras, como se ha denunciado (algunos calculan que las sobrevaluaciones alcanzan los 2,000 millones de dólares), fueron  sobrevaluadas? ¿Se caería el acuerdo? ¿O, simplemente, se reirían hasta con la muela de atrás sus perpetradores?  Estoy seguro, querido lector, que no tengo que sugerirle  la respuesta correcta, pues la decisión de ordenar esas auditorías con tres meses de retraso  se corresponde con la estrategia del Ministerio Público de dar todas las vueltas posibles antes de llegar a donde se comprometió a llegar: hasta las últimas consecuencias, y caiga quien caiga. Y que conste: desde que Odebrecht admitió haber pagado 93 millones de dólares  en sobornos, han sobrado las voces reclamando que se investiguen las previsibles sobrevaluaciones que constituyen su contraparte  aquí y en cualquier parte del mundo. Fue el caso del diputado del PRM Wellington Arnaud, quien apenas 24 horas antes de hacerse pública la homologación del acuerdo todavía  insistía en la necesidad de hacer esa auditoría, pues resultaría  “de muy mal gusto” que la constructora se comprometiera  a pagar 184 millones de dólares  de multa cuando la defraudación que ha sufrido el Estado como consecuencia de las sobrevaluaciones podría ser muchísimo mayor.  Arnaud definió como “una burla descarada al pueblo” hacer esa homologación sin cumplir  ese requisito, como efectivamente ocurrió,  pero también lo es, agrego yo,   ordenar esas auditorías cuando  la impunidad de la constructora brasileña  ya está garantizada por escrito.