POR TANIA HIDALGO
El subdirector legal de la Superintendencia de Bancos depositó ayer por ante el Departamento de Prevención de la Corrupción un anteproyecto de resolución que busca lograr que funcionarios y empleados públicos realicen sus declaraciones de bienes, a fin de prevenir y combatir de manera más efectiva la corrupción administrativa.

En una comunicación dirigida al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y al director del DPC, Octavio Líster, el abogado Blas Minaya Nolasco sostiene que ya es hora de que la República Dominicana se constituya en un ejemplo de dignidad y moral frente a las demás naciones del mundo en la lucha contra la corrupción.

«Las instituciones ven afectada su credibilidad, debido a la falta de controles eficaces que permitan prevenir y evitar la comisión de actos dolosos», precisó.

De igual manera, Minaya Nolasco recomienda tomar sanciones disciplinarias contra aquellos empleados que no acaten las disposiciones, «son pena de sometimiento a la justicia por enriquecimiento ilícito».

Dijo entender que la ley 82-79 es discriminatoria, ya que obliga a realizar declaraciones juradas a un pequeño grupo de funcionarios y deja fuera a la totalidad de empleados que forman parte de la administración pública.

El anteproyecto presentando por el funcionario agrega además que la corrupción «socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.