QUITO (AFP).- Los líderes de la protesta que mantiene paralizada la exportación estatal de petróleo en Ecuador negocian este lunes con el gobierno una salida a la crisis, aunque sin ceder en sus exigencias, incluida la salida de la estadounidense Oxy, lo que podría dejar sin opción al diálogo iniciado en Quito.

Los dirigentes de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonia, se reúnen desde el mediodía del lunes con una delegación oficial encabezada por el ministro de Gobierno (Interior), Mauricio Gándara, para buscar una solución a la huelga de una semana.

El encuentro, que se desarrolla en una base policial, se cumple en medio de la tregua declarada por los líderes de la manifestación, que han advertido, empero, que continuarán con las acciones de fuerza en caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas contra las petroleras extranjeras.

«Nos mantenemos en la defensa de la caducidad (del contrato) con la Oxy, esa empresa tiene que irse, y en la renegociación de los contratos petroleros con las demás multinacionales», afirmó el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz.

«No es posible que las trasnacionales sigan saqueando nuestra riqueza por más contratos que hayan sido firmados del pasado. La Oxy se lleva el 84% de las utilidades, y nos deja el 16%», agregó.

Los pobladores de la Amazonia exigen además nuevas plazas de trabajo y millonarias inversiones en infraestructura vial, lo que según el Ejecutivo «ya fue aceptado por escrito por parte de las empresas extranjeras».

«Los requerimientos no son contra el gobierno, sino contra las petroleras, concretamente 250 km de vía asfaltada, contratación de mano de obra y transporte local. Esos pedidos fueron aceptados por las compañías», dijo el ministro de Energía, Iván Rodríguez.

Asimismo, el funcionario advirtió que «es probable» que Ecuador no pueda recuperar plenamente su producción petrolera, estimada en unos 201.000 barriles diarios (b/d), a causa de los daños ocasionados por las protestas en la Amazonia.

«Lo que ha sucedido en el Oriente es peor que una guerra», expresó Rodríguez, al indicar que la industria estatal opera en un 50% y que su recuperación depende del estado de los pozos que fueron tomados por los manifestantes.

«Es importante saber en qué situación están los pozos. Es posible que haya algunos que nunca podamos recuperar, y eso quiere decir que no podamos recuperar nuestra producción de 201.000 b/d», afirmó el funcionario.

De ese total, el país destina unos 144.000 b/d a la exportación, suspendida desde el pasado jueves.

El ministro agregó que las pérdidas económicas podrían llegar a los 400 millones de dólares a finales de año.

Por su parte, el titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, reiteró que el gobierno continuará aplicando el estado de emergencia en Sucumbíos y Orellana hasta tanto se «resuelva políticamente» la protesta contra las multinacionales.

«Cuando se haya solucionado definitiva y políticamente el conflicto, también daremos paso a que los militares retornen a los cuarteles», afirmó Jarrín, quien sustituyó en el cargo al también general (r) Solón Espinosa el pasado viernes y quien renunció por pedido del presidente Alfredo Palacio.

El estado de emergencia faculta al gobierno a militarizar la zona de las protestas y a restringir algunos derechos fundamentales como el de expresión y entrega de información.

Jarrín desestimó las críticas contra los mandos militares por su aparente falta de previsión y control de las manifestaciones en la Amazonia.

«Las situaciones de riesgo no fueron creadas por las autoridades, sino por gente desaprensiva que planificadamente trataron de cortar todo el funcionamiento del sistema petrolero», agregó el ministro.

En ese sentido, ofreció un «respaldo absoluto a los comandantes de las Fuerzas Armadas».