Por SCOTT SHANE
WASHINGTON .- Si un enemigo ideara una conspiración diabólica para empañar la imagen de Estados Unidos, es difícil imaginar algo que sirviera más eficientemente a ese fin que el campamento de detención de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Y la semana pasada, después de que los suicidios de tres internos intensificara las condenas en Estados Unidos y el extranjero, el Presidente George W. Bush reflexionó sobre si el campamento debería ser cerrado.
Me gustaría cerrar Guantánamo, dijo el presidente en una conferencia de prensa el martes, y reconoció lo que incluso aliados cercanos como los británicos han argumentado durante un tiempo: Sin duda, Guantánamo envía una señal a algunos de nuestros amigos; da una excusa, por ejemplo, para decir que Estados Unidos no está apegándose a los valores que está tratando de alentar en otros países.
Sin embargo, Bush insistió en que algunos prisioneros de Guantánamo son demasiado peligrosos para ser liberados, e incluso los críticos más fieros del campamento admiten que cerrar Guantánamo y decidir qué hacer con los 460 prisioneros restantes no sería fácil. Sin embargo, más problemático es decidir el destino de hasta tres docenas de los llamados prisioneros de Al Qaeda de alto valor retenidos en cárceles foráneas supervisadas por la Agencia Central de Inteligencia.
De hecho, el final del juego para los detenidos, como algunos en el gobierno le llaman, requiere abordar problemas planteados por una guerra sin soldados enemigos convencionales ni reglas ni una conclusión clara.
Los desafíos incluyen medir cuán peligroso sería liberar a un radical islamita en particular; idear juicios que ofrezcan una medida de justicia militar pero no todas las protecciones de los tribunales civiles, y decidir si transferir prisioneros a países que pudieran liberar a un jihadista endurecido o torturar a un disidente político.
En juego con el futuro del campamento está más que la reputación de Estados Unidos, dijo Timothy Naftali, historiador de la Universidad de Virginia que ha escrito sobre antiterrorismo estadounidense.
Dijo que Guantánamo se ha convertido en un maravilloso detonante del reclutamiento para los extremistas islamitas, ya que sus percibidas injusticias son detalladas y agrandadas en la Web. Si hay un riesgo de seguridad en el cierre del campamento, también hay un riesgo de seguridad en mantenerlo abierto, dijo Naftali.
Funcionarios estadounidenses tomaron una decisión estratégica después de los ataques del 11 de septiembre de no tratar a los supuestos terroristas ni como acusados criminales ni como prisioneros de guerra, porque cualquiera de las dos opciones excluiría el interrogatorio para enterarse de ataques inminentes. Una consecuencia ha sido dejar a los detenidos en una tierra de nadie legal sin salida obvia.
La campaña en busca de información de inteligencia, mientras tanto, condujo a técnicas de interrogatorio agresivas que algunos agentes del FBI y abogados militares consideraron abusivas y poco sensatas. En un memorando de 2004 hecho público este año por The New Yorker, el asesor legal de la Armada, Alberto J. Mora, describió a colegas que advertían en 2002 que un trato degradante a los prisioneros resultaría casi incalculablemente perjudicial para las políticas exterior, militar y legal de Estados Unidos. El gobierno eligió Guantánamo porque es un lugar fuera del sistema de justicia estadounidense. Pero los tribunales estadounidenses llegaron a él, con el fallo de 2004 de la Suprema Corte en el caso Rasul contra Bush de que los tribunales federales deben considerar las peticiones de sus internos.
Ahora el gobierno y sus críticos están esperando el dictamen del tribunal supremo en el caso Hamdan contra Rumsfeld, que determinará si el Congreso puede privar a jueces civiles de su poder sobre los casos de Guantánamo y si los internos pueden ser enjuiciados como criminales de guerra ante comisiones militares especiales.
Las comisiones permitirían mucha mayor flexibilidad que los tribunales civiles en el uso de evidencia conocida de oídas, protección de secretos de espionaje y cierre de partes de los juicios, dijo A. John Radsan, ex asesor legal asistente de la Agencia Central de Inteligencia, pero probablemente serían usadas sólo para algunos internos. El gobierno tendría que convencer a otras naciones de recibir al resto.
Unos 290 prisioneros de Guantánamo han sido liberados o enviados a sus países de origen, dice el Pentágono. Pero otros países no están ansiosos de recibirlos, especialmente si Estados Unidos no quiere que sean liberados, dijo Scott L. Silliman, director del Centro sobre Derecho, Etica y Seguridad Nacional en la escuela de derecho de la Universidad Duke. Los países dicen: Nunca los acusaron, dijo. ¿Cómo esperan que nosotros los acusemos y los encarcelemos en su nombre?
Algunos ex presos regresan al campo de batalla, como temen funcionarios estadounidenses que harán. Pero el caso de cinco uighures étnicos de China ilustra otro problema también. Funcionarios estadounidenses los exoneraron pero no querían regresarlos a China, donde enfrentarían la cárcel. Fueron enviados a Albania el mes pasado para buscar asilo.
Algunos analistas han propuesto otras opciones, como reunir un tribunal especial bajo los auspicios de Naciones Unidas. Naftali ha sugerido un sistema de monitoreo internacional de alta tecnología para los liberados.
Para los defensores de las libertades civiles, es urgente presentar una solución al dilema de Guantánamo y la cuestión latente de cómo tratar a los sospechosos de terrorismo.
Hace retroceder la causa de los derechos humanos permanentemente, dijo Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, cuyos abogados son co-abogados de 200 detenidos de Guantánamo. Durante décadas, dijo, las prácticas recientes serán una luz verde para otros países que quieren arrancar la página de los derechos humanos fundamentales.
Radsan, el ex abogado de la CIA, ofrece una crítica más mesurada. Dice que los detenidos secretos retenidos en el extranjero son una preocupación constitucional más seria que los presos de Guantánamo, porque no tienen acceso a algún proceso legal.
Sin embargo, dijo, los críticos necesitan tener en mente que evitar otro ataque terrorista también ayuda a preservar las libertades civiles. Un ataque importante en territorio estadounidense, dijo, pudiera resultar devastador para el sistema de justicia, llevando a incursiones contra los derechos que harían parecer modestas a las fallas de Guantánamo.