Continuamente, el debate sobre  los niveles ideales de  inversiones que el Estado dominicano debe dedicar a la  Educación incluye esfuerzos por causar  la impresión  de que en materia de enseñanza lo primordial es elevar las condiciones del magisterio y las escuelas. Es decir, la calidad, pero  como  si  se tratara de un objetivo que puede lograrse  sin  los recursos que el Gobierno le escatima al sistema y que deben alcanzar el 4% del Producto Bruto Interno. 

Esa posición es sostenida por unas autoridades entregadas con entusiasmo al propósito de procurar una mayor calidad del transporte público para lo cual ocasionan que el Metro se trague un elevadísimo  porcentaje de la inversión pública del próximo año. Si solo una minoría va a viajar subterráneamente en el medio ideal de la modernidad (que a juicio del Poder es con  esos trenes caros  y veloces)  está claro que ello será el resultado de un extraordinario vuelco de recursos, pero  con un escaso resultado  ya que millones de habitantes de este país estarán  fuera de sus alcances. 

Por demás, huelgan las comparaciones con otros países que aún dedicando cuantiosos recursos a la Educación no logran  óptimos resultados. República  Dominicana  fue denunciada recientemente como poseedora de  las  peores escuelas de América. Somos un paciente moribundo en materia de enseñanza. Insistir en que  la falta de  recursos no es lo más urgente,  ofende la inteligencia de esta sociedad.

Derecho a huelga o a irse a trabajar

Todas las organizaciones y grupos de intereses  tienen la opción de protestar, incluso ruidosamente y  ocupando parte de la vía pública. A disentir del Gobierno y a expresarse  incluso contra ayuntamientos y empresas  particulares por su trato a asalariados o a sus contratistas. De todo ello hay a diario en este país en el que ya hasta los jueces elevan reclamos con demostraciones en las vías públicas y no les pasa nada.

Lo que resulta difícil de comprender es que   en los umbrales de unas elecciones, y con los partidos envueltos  en una   resuelta campaña, se pretenda paralizar actividades de la economía  a nivel nacional. Por más legítimos que puedan parecer los reclamos de un grupo de organizaciones que se atribuyen más representatividad de la que en realidad tienen, su llamado carece claramente del respaldo que sería imprescindible para lograr que mucha gente se quede en casa en vez de salir a trabajar.