La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, dijo ayer que    evalúan   la posibilidad de proponer una ley que castigue con cárcel a los responsables de las plantas de gas licuado de petróleo (GLP) que engañan a los consumidores.

Paulino precisó que tal ley estipularía un encarcelamiento de seis meses en adelante. “No se puede permitir la insensibilidad que se ha visto hasta ahora con ese delito”, afirmó.

Reconoció que las penas por la alteración de las mediciones del GLP en las envasadoras  son frágiles. Por ello, cree que “debe haber un proyecto de ley que regule realmente el tema del gas. Eso anda como chivo sin ley”.

Indicó que han vuelto a recibir denuncias  de que el GLP no   dura.

La funcionaria fue consultada  a propósito de que Pro Consumidor informara  ayer que en Barahona fue cerrada una planta de gas licuado por alegadamente sustraer un cuarto de galón a los usuarios por cada cinco vendidos.

Paulino emitió sus declaraciones ayer en la sede de  Pro Consumidor, donde la entidad anunció la puesta en ejecución de un Sistema de Gestión Tecnológica en su plataforma WEB para facilitar el acceso de los usuarios a servicios de reclamaciones, denuncias y cualquier información requerida en tiempo ágil, por vía de Internet.