WASHINGTON (EFE).- Avido del voto hispano, el presidente de EEUU, George W. Bush, anunciará hoy un plan migratorio que, sin ser una amnistía general, abrirá el camino al reconocimiento de miles de inmigrantes indocumentados en este país.

Se trata de reconocer «una necesidad económica que existe», de emparejar a gente dispuesta a trabajar con empleadores dispuestos a dar trabajo cuando no haya estadounidenses disponibles, explicó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

Sería el primer anuncio «importante» que dé Bush en materia migratoria y, en un año electoral, uno de los más controvertidos.

El plan de este registro laboral ha creado muchas expectativas entre grupos a favor y en contra de la regularización de los inmigrantes «sin papeles» en EEUU.

Se calcula que entre 8 y 12 millones de inmigrantes viven y trabajan en las sombras en EEUU.

En una rueda de prensa, grupos pro inmigración dijeron que, aun sin conocer los pormenores del plan, es hora de que Bush «hable con seriedad» sobre una reforma migratoria y no se limite a cambios cosméticos con fines electorales.

Una reforma migratoria debe contener la legalización de ciertos inmigrantes, una nueva categoría de visas para trabajadores temporales, reunificación familiar y una mejor vigilancia de las leyes migratorias, dijo Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NIF).

Las alternativas, un mercado negro que conduce a la muerte de inmigrantes en la frontera con México y los enormes atrasos en los trámites migratorios, son inaceptables, argumentó.

Bush ha dicho que se opone a una amnistía general, como la de 1986 que benefició a casi tres millones de indocumentados pero sí respalda un plan que responda a las demandas del mercado laboral.

Según el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el plan que anunciará Bush fue concebido con la ayuda de Karl Rove, su principal asesor político, pero sin la participación de grupos expertos en inmigración.

El plan prevé también protecciones de Seguridad Social para que ciertos inmigrantes indocumentados puedan obtener pensiones sin verse perjudicados en sus países de origen, según indicó el sábado el diario «The Washington Post».

En general, los activistas de inmigración se oponen a un programa de «trabajadores huéspedes», como proponen varios legisladores, porque recuerdan los abusos cometidos bajo el programa de «braceros» de los años 60 y consideran que institucionalizaría una «clase marginada» de trabajadores temporales.

Bush, que en 2000 consiguió el 35 por ciento del voto hispano, afronta, sin embargo, una disyuntiva: no quiere avinagrar sus relaciones con los conservadores republicanos pero desea un mayor acercamiento al creciente electorado hispano.

Así las cosas, cualquier anuncio de Bush va a disgustar a los grupos en ambos lados del agrio debate migratorio.

«Siempre lo hemos dicho, el sistema de inmigración está muy maltrecho y necesita un arreglo profundo. La amnistía de 1986 fue una medida a corto plazo», dijo a EFE Katherine Culliton, del Fondo Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (MALDEF).

«Si de verdad quiere el voto hispano, Bush tiene que cumplir las promesas que hizo sobre inmigración. Al país le conviene una reforma migratoria, por su seguridad», agregó Culliton.

MALDEF analiza un proyecto de ley bipartidista, que será presentado en el Senado por el republicano Chuck Hagel y el demócrata Edward Kennedy.

Según Culliton, ese proyecto permite la legalización de inmigrantes que llevan muchos años en EEUU, trabajan y pagan impuestos y pasan una rigurosa prueba de seguridad.

El Gobierno de México, que colabora con EEUU en contra del narcotráfico y el terrorismo, busca mayores concesiones respecto al libre flujo de inmigrantes entre ambos países.

México y EEUU estaban a punto de lograr un acuerdo para una inmigración «humana, segura, legal y ordenada», pero los atentados de 2001 se interpusieron y las reticencias mexicanas a apoyar la invasión de Irak por EEUU enturbiaron las relaciones bilaterales.

Se prevé que Bush hable del asunto en una reunión privada con el presidente mexicano, Vicente Fox, en el marco de la cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey (México) la próxima semana.