WASHINGTON, (AFP) – El presidente estadounidense George W. Bush intentó el sábado conciliar las diferencias con el ala derecha de su propio partido, en abierta rebeldía contra su propuesta de reforma migratoria.

Bush dijo en su mensaje radial semanal que los inmigrantes ilegales deberán adoptar la «cultura común» de Estados Unidos antes de convertirse en ciudadanos de ese país.

Pero el mandatario se mantuvo firme respecto a los puntos claves de su plan, que supone una rigurosa seguridad fronteriza, además de un programa de trabajador visitante y la eventual posibilidad de conseguir la ciudadanía estadounidense para millones de extranjeros ilegales residentes en el país.

«Todos los elementos de este problema deben ser atendidos juntos o ninguno de ellos será resuelto», dijo Bush, al responder a críticos que insisten en que la seguridad fronteriza debería ser considerada en primer término. Algunos de los republicanos más incondicionales a Bush rompieron filas con el mandatario al conocer el plan de reforma migratoria que les detalló el lunes pasado.

El plan consiste en una serie de medidas para aumentar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo el despliegue de hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional.

Pero Bush también pidió a los estadounidenses mantenerse fieles a su tradición de recibir a los recién llegados y permitir que eventualmente unos 11,5 millones de inmigrantes ilegales se conviertan en ciudadanos.

La parte del plan que tiene en cuenta la legalización, también incluida en legislación acordada debatida en el Senado, ha despertado fuertes críticas de los conservadores.

El senador republicano Jeff Sessions (Alabama, sur), dijo que los estadounidenses «necesitan dejar de premiar conductas ilegales».

Su colega Jim Imhofe (Oklahama, centro) consideró por su parte que el proyecto del Senado «no es otra cosa que una amnistía».

Entretanto, la conservadora Fundación Heritage divulgó un estudio que advierte que el plan en su forma actual aumentaría la población estadounidense en unos 66 millones en los próximos 20 años porque a los inmigrantes legalizados se les permitiría traer a sus esposas, hijos y otros familiares.