Washington (EFE).- El presidente de EEUU, George W. Bush, visitó ayer la frontera con México, donde instó al Congreso a que apruebe este año un plan de trabajadores temporales, dentro de una reforma migratoria bipartidista que evite errores pasados.

“Este problema (de la inmigración ilegal) ha crecido durante décadas y los esfuerzos del pasado para responder al problema han fracasado”, dijo Bush durante una visita a Yuma, una desértica ciudad en la frontera suroeste del estado de Arizona.

La reforma migratoria, sobre la que el Congreso comenzará a trabajar a mediados del mes próximo, “es un asunto de interés nacional, y es un asunto del que estoy profundamente convencido”, dijo Bush, quien prometió promulgarla en cuanto la reciba.

Pero ése es precisamente el reto que afronta Bush, debido a los enfrentamientos que mantiene con el Congreso por la guerra en Irak y el despido de ocho fiscales el año pasado.

Además, muchos republicanos insisten en que una reforma migratoria que permita la legalización de indocumentados es sinónimo de “amnistía”.

En su búsqueda de equidad y justicia para los indocumentados, por un lado, y de respuestas viables para las necesidades del mercado laboral estadounidense, por otro, el Congreso sigue igual de dividido sobre el tema que el año pasado.

Para salir a flote, cualquier reforma requerirá de al menos 60 votos en el Senado y de una mayoría simple en la Cámara de Representantes.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, busca que al menos 70 republicanos de ese órgano apoyen la reforma, lo que requerirá la intervención de Bush, según analistas.

Para evitar los fracasos del pasado, dijo el presidente, se requiere una reforma que frene de veras la inmigración ilegal, lo que ejerce fuertes presiones sobre las escuelas, hospitales, cárceles y demás servicios de los gobiernos locales y estatales.

Por ello, pidió una reforma que incluya entre sus objetivos la seguridad fronteriza, un programa de trabajadores temporales y responsabilizar a las empresas por las personas que contraten.

También quiere que la reforma dé una respuesta a los indocumentados que ya residen en EEUU y promueva la integración social de los inmigrantes.

Bush destacó el aumento de los recursos humanos y financieros para desmantelar el lucrativo tráfico de personas que hacen los “coyotes” y para mejorar el proceso de detención y deportación de los indocumentados que, según él, superaban con creces al número de agentes fronterizos en el sector.

“De regreso a este sitio, ahora hay infraestructura, ahora hay cercos, y el número de personas que intentan cruzar la frontera por este sitio ha disminuido significativamente”, subrayó Bush en Yuma.

Acompañado de varios congresistas republicanos estatales y federales, Bush subrayó la importancia de aprobar una reforma migratoria que fortalezca la seguridad fronteriza y saque de la sombra a millones de inmigrantes indocumentados en este país.

Es la misma zona a la que, por órdenes suyas, se desplazaron unos 6.000 miembros de la Guardia Nacional en mayo pasado, como parte de la llamada “Operation Jumpstart”, para ayudar en las tareas de vigilancia y capacitación de la Patrulla Fronteriza.

Según Bush, la presencia militar ha surtido efecto ya que “menos personas están intentando cruzar” ilegalmente hacia EEUU por el estado de Arizona, mientras que en toda la zona fronteriza los cruces ilegales se han reducido en casi un 30 por ciento este año.

Pero el discurso de Bush, parecido a muchos que ha dado sobre el tema, impresionó poco a los grupos pro-inmigrantes como el Foro Nacional de Inmigración (NIF) y el Instituto Manhattan, que le exigen una mayor inversión personal y de capital político para lograr la reforma migratoria.

“No hacen falta más discusiones; es hora de que comience el trabajo en serio. Le pedimos al presidente que su visita a Yuma sea el punto de partida” para que el Congreso apruebe la reforma este año, señaló la NIF en un comunicado.

Los activistas rechazan un plan migratorio que elabora la Casa Blanca junto con líderes republicanos, y que el sábado sacó a las calles a miles de manifestantes en Los Angeles (California).

Entre otros elementos de ese plan, cada indocumentado tendría que pagar unos 13.500 dólares para tramitar la residencia permanente, y no podría gestionar visas para sus familiares.