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WASHINGTON (EFE).- El presidente estadounidense, George W. Bush, y la oposición del Partido Demócrata continuaron ayer su duelo para tratar de convencer al país de sus posturas encontradas sobre la reforma del sistema de pensiones públicas.
El asunto se va a constituir en el principal asunto de la política interior de Estados Unidos este año, con Bush y su Gobierno decididos a lanzar una privatización parcial del sistema y los demócratas dispuesto a bloquearla en el Senado.
Bush, continuó hoy su ofensiva al afirmar que el actual sistema de pensiones marcha directo a la quiebra en 2042 si no se aplican las medidas que él propugna.
«Para el momento en que los trabajadores jóvenes se retiren, en 2042, el sistema estará en bancarrota, a menos que actuemos ahora», afirmó Bush durante su discurso radiofónico de los sábados.
El presidente trató de mostrarse flexible con la oposición al asegurar que está dispuesto a «escuchar a cualquiera que tenga una buena idea para ofrecer», pero dejó claro que no aceptará una subida de impuestos para financiar las pensiones. La idea que manejan Bush y su Gobierno es la de que los trabajadores más jóvenes destinen su parte de cotizaciones a la Seguridad Social a cuentas personales de jubilación, que se invertirían en los mercados financieros.
A cambio, recibirían una pensión pública de menor cantidad. Otra posibilidad que se maneja es que quienes opten por una pensión totalmente pública reciban cantidades menores que las actuales.
Además, la negativa del presidente a subir los impuestos supone que el Gobierno dejaría de ingresar entre 100.000 y 200.000 millones anuales durante diez años en cotizaciones desviadas a cuentas públicas, lo que se suma a los déficit récord del presupuesto.
Por su parte, los demócratas insistieron en poner en duda la crisis que pregona Bush y en criticar las soluciones que ofrece el gobernante.
«Aunque la Seguridad Social afronta retos, el plan de privatización de Bush sólo empeorará las cosas. El recorte de beneficios, una deuda masiva y más inseguridad no son el tipo de cambio drástico que necesitamos», señaló el presidente del Partido Demócrata, Terry McAuliffe, en la respuesta al discurso presidencial.
La oposición política cree que, como esas cuentas privadas de pensiones serán gestionadas por las grandes empresas financieras, el Gobierno está devolviendo el favor a las corporaciones que contribuyeron a la victoria republicana de las últimas elecciones.
«Un país que quiera quitarle el dinero de retiro a sus ancianos para regalárselo a las grandes corporaciones de Wall Street no es un país de justicia», dijo con más crudeza el congresista Bob Menéndez (Nueva Jersey), en su respuesta en español al discurso de Bush.
Aunque los demócratas están en minoría en las dos cámaras del Congreso, están capacitados para bloquear en el Senado una propuesta que no les guste.
En la Cámara Alta hacen falta solo 40 de los 100 escaños para poner en marcha una acción de bloqueo (y los demócratas tienen 44 más un independiente que suele votar con ellos).
El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, afirmó rotundamente esta semana que las reforma que promueve Bush «está muerta», en una clara alusión a que podrían emplear un bloqueo.
Pero la discusión sobre el futuro de las pensiones no se ciñe sólo a los partidos políticos, ya que organizaciones conservadoras y progresistas se han lanzado a una furiosa campaña de actividades para tratar de convencer a la población de sus puntos de vista.
Campañas de publicidad en prensa y televisión, folletos, estudios, discursos, conferencias y hasta manifestaciones están previstos en el programa, que tiene todas las características de unas elecciones.
El bando demócrata y sus aliados acusan a Bush de emprender una campaña para atemorizar a la población, igual que hizo con las armas de destrucción masiva de Irak, que justificaron la invasión de ese país hace casi dos años, aunque finalmente esos arsenales no existían.
