El déficit de viviendas en el país ronda los dos millones de unidades, por lo que para disminuirlo el Gobierno tendría que invertir alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), señala el Observatorio de Derecho a la Vivienda de Ciudad Alternativa.

Advierte al Gobierno que al igual que la Educación y la salud, la vivienda es un derecho fundamental al que urge ponerle atención, sobre todo para disminuir el déficit en aquellos sectores más vulnerables que habitan zonas de peligro, y los trabajadores.

En el boletín del Observatorio de Derecho a la Ciudad, que será dado a conocer el jueves, Ciudad Alternativa precisa que el déficit cualitativo de casas es de un millón 147 mil 858. Estas son propiedades que existen pero que carecen de los servicios básicos.

Asimismo señala que el déficit cuantitativo es de 972 mil viviendas, según datos del censo de 2010, pero que según un levantamiento reciente en los sectores ubicados en las cuencas de los ríos Ozama e Isabela la falta de techo ronda las 50 mil unidades.

Indica que según declara el primer informe de avance de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el logro principal que exhibe la política de vivienda en el país es la aprobación de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomisos.

Sin Embargo, advierte que esa ley crea exclusión, tras señalar que los requisitos para que una persona pueda acceder a una vivienda es tener ahorrado un 10% del costo total de la propiedad, sabiendo que el costo tope de esta es de 2.2 millones de pesos, por lo que el solicitante debe tener 220 mil pesos y los montos a pagar mensualmente no debe sobrepasar del 30% de su ingreso al mes

Otro requisito es que el solicitante debe ser asalariado y contribuyente del Sistema Dominicano de Pensiones y que los ingresos del sujeto deben ser por lo menos tres salarios mínimos (El salario mínimo cotizable) equivale a ocho mil 645 pesos según dato de la Superintendencia de Pensiones.

Muestra su preocupación ya que el 60% de la población trabaja por cuenta propia, por tanto, no podrá acceder al régimen de fideicomisos, en tanto que el 80.8% que trabaja en el sector formal percibe sueldos menores a tres salarios mínimo, por lo que no calificaría para ese régimen.

En su boletín el Observatorio considera que la privatización “arrebata a la clase trabajadora el derecho a una vivienda digna en suelo seguro”.

Hace cuatro años, en 2010, la Oficina de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas planteaba que para reducir el déficit de viviendas en un 90% al 2015, era necesaria una inversión sostenida de un poco más del 2% del PIB.