POR ALTAGRACIA ORTIZ G.
El superintendente de Salud y Riesgos Laborales afirmó ayer que las críticas que externó  la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) acerca de las nuevas tarifas y honorarios profesionales, constituyen un absurdo y una inconsecuencia y advirtió que la medida no será revertida.

Fernando Caamaño, quien ocupa la Superintendencia desde hace un año, aseguró que lo que está de por medio en esa polémica son las pasiones, los intereses económicos y la procura de preeminencias.

El funcionario se refirió a las declaraciones de Nélsida Marmolejos, directora de la DIDA, quien aseguró que la introducción de cambios en las tarifas y honorarios profesionales constituyen una violación a la ley 87-01 y una forma de ampliar los márgenes de aumentar las ganancias de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Caamaño advirtió que tampoco el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) puede derogar la resolución 00147-2007, la cual establece nuevas tarifas y eleva los honorarios de varias especialidades médicas.

La resolución emitida y dada a conocer esta semana por la SISALRIL contó con el aval del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP)

“Yo lamento la posición de la DIDA y le tengo hasta cariño a doña Nélsida Marmolejos, pero estas cosas se escapan de los límites”, dijo el funcionario de la SISALRIL.

Caamaño dijo que la institución que dirige actúa de acuerdo a las funciones que le son inherentes y aseguró que no está actuando al margen de la ley 87-01 que crea el sistema de Seguridad Social, ni de la ley 188-07.

El funcionario dijo que los miembros del CNSS son personas que conocen muy bien la ley, por lo que no se prestarían a violarla.

Indicó que lo que está haciendo es ejercer las facultades de esa institución a cabalidad,  sobre todo en lo que concierne a la asignación de los beneficios, costos y cápita del Plan de Servicios de Salud.

“Respeto la posición que pueda tener la DIDA, es institucional, pero me llamó la atención porque a poco tiempo de nuestro anuncio, ya estaba lista la posición de ellos”, dijo Caamaño.

“Esa disposición está ahí y así se queda, porque es para el bien de los afiliados de la seguridad social”, aseguró el funcionario.

Aseguró que no hay tal violación a la ley 87-01, para él, se trata de una interpretación errónea por parte de los directivos de la DIDA.

En la resolución emitida por la Superintendencia, los servicios que brindan médicos y clínicas privadas fueron aumentados en su cobertura. También fue ampliada la cobertura para enfermedades catastróficas y para tratamientos como hemodiálisis y cáncer.

Las pugnas entre los agentes del sistema de seguridad social no cesan, pero para Caamaño, todas esas pugnas forman parte de una vieja lucha de intereses.

Con relación a los recursos económicos, recordó que desde que inició el sistema hubo una sobreestimación muy modesta y cautelosa. Con esa estimación se buscaba no alterar la cápita de los afiliados.

“Esas modificaciones no representan un centavo más para los cotizantes, ni empleadores ni cotizantes van a pagar más”, aseguró el funcionario.

Aseguró que no quiere entrar en polémica y señaló que todas las decisiones de la Superintendencia están basadas en la ley 87-01.

“Todos los sectores están de acuerdo con las medidas que hemos tomado”, manifestó Caamaño, tras recordar que hubo una ampliación de cobertura para enfermedades crónicas de RD$150,000 a medio millón.