Los ayuntamientos del país han dejado de recibir cerca de  RD$30 mil millones  en los últimos ocho años  por incumplimiento de la Ley 163-03 que obliga al Gobierno  a destinar  a los cabildos el 10% de sus recaudaciones fiscales. El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios, Víctor José D’Aza, dijo que de los ocho años de incumplimientos, siete corresponden a gobiernos del  Partido de la Liberación Dominicana  y uno al Gobierno del PRD que encabezó  Hipólito Mejía.

Los ayuntamientos  han dejado de recibir  RD$30 mil millones  en los últimos ocho años  por incumplimiento de la Ley 163-03 que obliga al Gobierno a  destinar un 10% de sus recaudaciones a los cabildos, según informó el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) Víctor José D’Aza.

 Dijo que de esos ocho años de incumplimientos, siete corresponden al  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y uno al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezó el presidente Hipólito Mejía.

 Indicó que en la actualidad los cabildos no reciben ni el 6% del 10%  que establece la ley porque el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, no se ha reflejado en los ayuntamientos.

“Apenas están recibiendo un 5.16% del Gobierno central y no el 10% que establece la Ley”, manifestó D‘Aza.

 Deploró que mientras persiste la negativa de cumplir con la Ley 163-03, los ayuntamientos ven cada vez más reducida las prerrogativas que les asigna la ley en sus  demarcaciones territoriales.

“Esta ley es letra muerta; nadie la aplica”, lamentó D’Aza, y señaló que los ayuntamientos  atraviesan por  una situación sumamente difícil.

Declaró que esa situación afecta a todos los ayuntamientos por igual, incluso a los que son controlados por el Partido de la Liberación Dominicana que suman mayoría después de las elecciones congresionales y municipales de mayo del año pasado.

El director ejecutivo de Fedomu  deploró, además que el área del turismo no aporte nada a los cabildos que operan en municipios o zonas donde hay grandes complejos turísticos.

 “Se les exige a los ayuntamientos mantener las áreas donde operan grandes complejos turísticos, pero no pagan tasas ni arbitrios y rehúyen permanentemente llegar a posibles arreglos”, expresó D’Aza, una situación que lamentó.