POR LEONORA RAMÍREZ S.
Todo parecía indicar que las finanzas de los cabildos entrarían en un período de vacas gordas con la aprobación de las leyes 17-97 y 166-03, las cuales no solamente les otorgan independencia económica, sino que también disponen el incremento de las partidas que reciben de parte del gobierno.

Pero nada más lejos de la realidad, porque cuando el año entra en su recta final comienza la letanía de los síndicos que piden a gritos préstamos o asignaciones adicionales de parte del Poder Ejecutivo, para pagar el salario número 13, conocido como regalía pascual.

Adelantándose a esas solicitudes, el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, les advirtió a los ediles que guarden recursos para el pago de la regalía porque el gobierno no les hará ningún préstamo, debido a que se llegó al tope del endeudamiento interno para ese tipo de financiamiento.

“Este año se les entregaron RD$12,000 millones a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD), por lo que no pueden alegar que no tienen dinero”, dijo el funcionario el pasado lunes 11.

En el 2005 se produjo un enfrentamiento, con amplios matices políticos dado la cercanía de las elecciones congresionales y municipales, entre Bengoa y los síndicos, ante la inicial negativa del ministro de procurarles préstamos para los referidos fines. En respuesta a las recientes declaraciones de Bengoa, el primer vicepresidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Tony Echavarría, expresó el pasado viernes que sólo 10 cabildos de los 151, han reservado recursos para el saldo de la regalía pascual, y que la decisión asumida por  Finanzas afectará mucho más a los síndicos electos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El sociólogo César Pérez, quien ha realizado diversos estudios sobre descentralización municipal, considera que la falta de recursos de los cabildos para cumplir con sus compromisos de fin de año, se debe a la ausencia de planificación.

Cuando algunos cabildos pueden pagar las regalías sin grandes contratiempos se debe a que consignan partidas para ese renglón, pero regularmente estas entidades no planifican y por lo tanto  tienen esos vicios institucionales que los llevan a recurrir al gobierno central para que les dé asignaciones extraordinarias, dijo.

Además advierte que “con la cantidad de dinero que reciben pueden cumplir un mejor papel, pero la mayoría los gasta en nómina, porque son compromisos que se tienen antes de las elecciones. Las nóminas se disparan y muchos de los fondos se van en pago de las lealtades políticas, no a la gestión de servicios”.

DESCENTRALIZACIÓN SÓLO EN TEORÍA

De acuerdo con la Ley 166-03 los fondos de los cabildos se distribuyen de la siguiente forma: un 25% para gastos de personal, un 35% para servicios municipales, un 40% para gastos de capital e inversión en obras de desarrollo económico y social.

En el contexto de esa descentralización que ordena la Ley, Pérez expresó que la misma no es simplemente el otorgamiento de una  simple asignación de competencias, sino también de que se asuman responsabilidades, porque hay muchos cabildos que aplican presupuestos participativos lo cual redunda en un mejor manejo de sus finanzas.

“Pero la generalidad es que los ayuntamientos tienen poca institucionalidad y eso es un reflejo del país. El personal administrativo público es deficiente, muchos cabildos tienen un personal por cuotas políticas, no por nivel de preparación, y eso se traduce en una irracional administración de los bienes que se tienen”.

Al pisarle los talones al clientelismo político, Pérez expresó que ese es uno de los problemas fundamentales del país, porque hace que las instituciones tengan un personal volátil, sin memoria y deficiente.

“Vas a tener un personal con poca posibilidad de exigencia de derechos porque es parte de la clientela política, en ese sentido, se debe procurar un personal municipal calificado, lo cual se reflejará en un manejo racional de los recursos”.

¿NECESITAN LOS CABILDOS MÁS DINERO?

La referida legislación también dispone que, a partir del 2005, el gobierno incrementara de un 8% a un 10% los recursos de los ayuntamientos, pero esa medida todavía no se ha puesto en práctica.

En ese sentido, Pérez manifestó que si a los ayuntamientos se les asignan más fondos, sin contar con la institucionalización de personal y óptimas competencias del mismo, el aumento de los ingresos no mejoraría sustancialmente el funcionamiento de esas organizaciones.

“El punto central es que los cabildos manejan poco dinero porque no son capaces de recabar ingresos a través de un mejor control de uso del suelo, de mejores políticas de desarrollo local.

 “Cuando a los cabildos les incrementaron los fondos disminuyeron su capacidad de recabar recursos por sí mismos, de manera que esa situación, junto con el clientelismo, un personal poco capacitado, la falta de visión sobre el cumplimiento de sus competencias, hace que esos organismos no cumplan sus funciones”.

A juicio de Pérez, el ayuntamiento moderno no es el que multiplica los recursos que recibe del gobierno central, sino el que es capaz de generar ingresos.