Fiscales afirman el mayor general hizo “cientos de operaciones ilícitas” mientras dirigió el Cusep

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, mientras fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno de Danilo Medina, creó junto a otros miembros de organismos castrenses un entramado de “nóminas fraudulentas” para desviar fondos del erario, los cuales luego eran lavados en entidades religiosas y empresas que servían de fachada, de acuerdo a la solicitud de medidas de coerción que pesa en su contra.

El documento legal, instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y cuyo conocimiento está fijado para hoy a las 11:00 de la mañana, establece que los imputados, el mayor general Cáceres, el coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), la asimilada de la Policía, Rossy Guzmán Sánchez, alias la Pastora, entre otros investigados, “se constituyeron en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto del 2020 y que incluso en la actualidad sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado”.

El expediente narra que este entramado militar y societario, que se escudaba en actividades religiosas, inició luego de que Cáceres Silvestre fuera designado director del Cusep en 2012, quien de inmediato nombró al coronel Núñez de Aza como encargado financiero de dicho órgano, cargo que ocupó junto al de director financiero del Cestur.

Esta posición de Núñez de Aza en el Cusep, afirma el pliego acusatorio, le permitía al imputado Adán Cáceres Silvestre “mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos tres mil millones de pesos durante los ochos años de gestión”, según evidencian datos de la Dirección General de Presupuesto.

Añade que a partir de ese momento, cientos de policías y militares se colocaron de manera “fraudulenta” en la nómina del Cestur y la del Cusep, cobrando en promedio entre RD$20,000 y RD$70,000 mensuales, además de que “recibían un porciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia”.

“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”, refiere el escrito del órgano de la persecución penal.

Lavado de dinero. La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

En cuanto a la presunta participación de la pastora Rossy Guzmán, el expediente señala que la primera de las empresas (disfrazada de ONG) formada por el mayor general Cáceres y el coronel Núñez de Aza con la intervención de esta asimilada de la Policía Nacional fue la Asociación Campesina Madre Tierra, la cual, según la Pepca, era utilizada como “uno de los instrumentos financieros de esta organización criminal para captar, convertir y transferir activos con el propósito de ocultarlo y disimular su procedencia ilícita”.

Según el MP, la red también utilizaba para estos fines el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, controlado absolutamente por familiares directos del mayor general Cáceres Silvestre, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, integrado por Cipriano Agustín, quien además es miembro directivo del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve.

El organismo afirma que Agustín recibió un cheque de parte de Cáceres por valor de RD$9 millones por concepto de “compra del local del templo”, lo que “demuestra su vinculación directa con esta institución para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de un tercero, que utiliza como testaferro”.

Coerción solicitada. La Pepca solicita un año de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra Adán Cáceres, Rossy Guzmán, el cabo de la Policía Tanner Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

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Otros oficiales
La solicitud de medidas coercitivas dice que hubo una coalición de funcionarios entre Adán Cáceres y el vicealmirante Félix Alburquerque, entonces presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para desfalcar el Estado mediante el desvío de fondos a la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra.
Además, en el interrogatorio practicado al imputado Raúl Girón, este afirmó que en el marco de la red, en febrero pasado fueron desviados más de un millón de pesos del Cestur, de los cuales RD$100,000 fueron entregados “al exsubjefe de la Policia Nacional Neybi Pérez Féliz”.