María Ramos, Directora General de políticas de igualdad del Ministerio de la Mujer, considera que el auge de la violencia contra la mujer en República Dominicana, que presenta estadísticas de 200 mujeres asesinadas por año, amerita mayor respaldo económico por parte del Gobierno, y que las políticas públicas de género sean asumidas por las demás instituciones del Estado.

“Existe un decreto del año 2001 que ordena a todas las instituciones gubernamentales crear un departamento de género, para que apliquen las políticas con perspectiva de género, pero aún no se ha materializado, pues solo en algunas instituciones se ha implementado este decreto, lo cual se traduce en ausencia de apoyo. Entendemos que habiendo estadísticas de 200 mujeres asesinadas por año se debe contar con más apoyo, porque no es solo por las mujeres asesinadas, sino por las consecuencias que trae; las familias que se destruyen, los niños huérfanos, que se traduce en graves perjuicios para la sociedad dominicana”, argumentó.

Entrevistada por Harold Modesto y Víctor Mateo, investigadores del Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Ramos dijo que necesariamente el Estado y sus instituciones deben estar sincronizados para atacar el problema de la violencia de género.

Sostuvo que en la actualidad, el Ministerio de la Mujer promueve leyes a favor de la equidad e igualdad de género, e implementa políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia contra la mujer.

“Trabajamos en la propuesta y observación en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que crea el Plan Nacional de Equidad de Género, un plan a seguir por todas las instituciones del Estado a favor del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, como lo son la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la convención para la eliminación de la violencia contra la mujer. El Estado dominicano ha dicho que respetará la equidad contra la mujer, para evitar feminicidios”, explicó.

Agregó que dentro del sector justicia, la Comisión de Género en el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura trabajan en los programas educativos, para que la política de género permee el currículo de la Escuela Nacional de la Judicatura, para lograr capacitación y sensibilización en la justicia.

Indicó que también se implementa la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia contra la Mujer, presidida por el Ministerio de la Mujer, “donde el Ministerio traza las políticas y supervisa que los demás organismos del Estado cumplan con estas acciones”.

Respecto de la propuesta de tipificación del feminicidio como tipo penal, considera que más que en la penalización está a favor de la prevención.

“Entendemos que más que tipificarlo es importante identificarlo como tal y crear conciencia en la sociedad. En países como Costa Rica, algunos estados de México y Guatemala que lo han aprobado en su legislación, la experiencia e investigaciones han arrojado que en la actualidad generalmente las características bajo las cuales una mujer es asesinada por su condición de ser mujer, es por una lucha de poder ante los nuevos roles que ha asumido la mujer y que el hombre no acepta los derechos que ella tiene de trabajar y desarrollarse en el seno de la sociedad”, enfatizó.

Argumentó que el delito de feminicidio debe ser combatido no solo con la prevención, sino con el establecimiento de valores respecto a los derechos humanos, tanto de los hombres como de las mujeres.

Cree que la propuesta de endurecimiento de las penas, con el fin de disminuir la violencia contra la mujer, no incidiría directamente en su reducción; “se trata de que cada ciudadano asuma con mayor responsabilidad, compromiso y responsabilidad la problemática