EDUARDO ROZAS ARISTY
Se hace más evidente o se demuestra con mayor contundencia la veracidad de la denuncia realizada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sobre la violación a la Constitución y a las Leyes de la República, por parte del presidente Fernández y de su Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), al endeudar al país sin el conocimiento y consentimiento del Congreso Nacional en ciento treinta millones de dólares (US$130,000,000.00), más, cuyo uso todavía no han podido explicar.

Es obvio, más allá de toda duda razonable, que el Presidente y el Director de la OISOE necesitaban procurarse una gran cantidad de recursos económicos, no consignados en el Presupuesto Nacional, con propósitos hasta ahora no definidos y, mucho menos, sin el conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) -tutelar de nuestra economía y violador de la soberanía nacional- que había acordado con el Gobierno dominicano un tope al endeudamiento externo del país.

Al realizar el PRD dicha denuncia, como parte del arsenal que imagino tiene preparado para usarlo en la campaña electoral, demuestra que tiene el convencimiento absoluto de que el Presidente busca su reelección a cualquier precio, sin importarle formalidades de ningún género, tal y como lo hizo, en su momento (2004), el ex Presidente perredeísta Hipólito Mejía. Para alcanzar dicho convencimiento o dicha certeza, el PRD ha observado un conjunto de acciones o movimientos preocupantes, tanto del Presidente como del PLD.

Veamos: 1) Fernández no escatimó esfuerzos, ni recursos, sin importar su origen, para derrotar en la campaña interna de su Partido a su contrincante Danilo Medina; 2) Captación, sin ningún tipo de miramientos, de dirigentes y organizaciones opositoras, tratando de hacer del PLD el partido único; 3) Conformación de una Junta Central Electoral (JCE) de la que se tiene la certeza sobre las preferencias políticas de sus miembros y, más aún, sobre su posible incapacidad para armonizar las diferencias políticas de los partidos del sistema, ya que han sido incapaces de consensuar sobre importantes aspectos de su funcionamiento interno; 4) La «bomba de tiempo» soltada por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) de que existen cerca de un millón (1,000,000) de ciudadanos haitianos cedulados, suficientes para contaminar, irremediablemente, cualquier proceso electoral; 5) A raíz de la imaginativa y oportuna denuncia de supuestos preparativos, por parte de altos oficiales de las FFAA, de un golpe de estado militar, el Presidente, en su condición de Comandante en Jefe de las FFAA, introdujo numerosos cambios en los mandos, que muy bien se pueden interpretar como favorables a sus planes o aprestos reeleccionistas; y, 6) Búsqueda, aparente, de apoyo externo para la reelección, sobre todo en países amigos, lo que motivó una extraña declaración, que aparece en la página 14 del vespertino El Nacional del viernes 21/09/07, en la que el personal de la Embajada de Venezuela negó que su embajador estuviera interviniendo en los asuntos internos de la República Dominicana.

Las respuestas del gobierno y del PLD, a la denuncia formulada, han sido sumamente erráticas, desafortunadas y poco inteligentes. La gravedad de la misma, corroborada por calificadas opiniones de destacados juristas, implica que el Presidente ha violado la Constitución de la República al autorizar a su Director de la OISOE a contraer deuda externa, sin la debida aprobación del Congreso.

Ahora bien, el PRD (partido del mismo corte que el PLD, tal y como se le «escapó» al doctor Esquea Guerrero, en una reciente entrevista con César Medina, cuando dijo: «Eso no te lo voy a permitir, César, porque el PLD es más ladrón que el PRD…») en la medida en que transcurren los días, puede ser víctima- frente al país- de su propia trampa, pues un asunto de la gravedad de lo denunciado puede quedar impune o como un incidente más de la eterna campaña electoral que sólo sirve para escoger entre lo malo y lo peor. De ahí su insistencia al exigir, en primer lugar, una explicación sobre el uso del dinero y no en la justa sanción a la grave violación constitucional.

Está bien claro que el PRD no controla el Congreso, por lo que conocía de antemano que le sería imposible enjuiciar al Presidente, destituirlo o remitirlo a los tribunales penales ordinarios, conforme a las estipulaciones de nuestra Constitución. Quizás, aunque lo dudemos, la presión externa proviene del FMI, de los acreedores internacionales o de cualquier otra instancia supranacional pueda motorizar o sensibilizar la acción legal y punitiva de un «Congreso para el progreso» de los peledeístas, tal y como ha sucedido con el caso de los quiebrabancos.

De manera, dominicanos, que el episodio horroroso que acabamos de presenciar, no pasará de ser otro «estadio» más del tortuoso camino por el que nos conducen los «apóstoles» que nos llevan hacia la destrucción total de la democracia y de la República o al «estado fallido».