Los haitianos sin papeles de Migración pueden verse en las calles y avenidas principales de las ciudades grandes del país. Procuran vender algo, limpiar los vidrios delanteros de los vehículos o pedir una limosna.

Muy de mañana se les ve camino hacia un lugar de trabajo, también en los grandes núcleos urbanos y en los sitios donde el turismo está en expansión y donde la industria de la construcción está activa.

Los campos están llenos de jornaleros haitianos que trabajan en fincas, unas veces como empleados fijos y otras como echadías.

En las carreteras y en los caminos se encuentran por doquiera. En Dajabón, en Santiago, en Baní, en Moca, en Bonao, en San Cristóbal, en Higüey, en Miches, en Jarabacoa, etcétera. Los haitianos son omnipresentes en el territorio dominicano.

En algunas ciudades, como en la provincia Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la zona turística de Higüey y en Santiago, para solo poner unos ejemplos, hay barriadas completas cuya población principal es de haitianos y haitianas.

Es un verdadero ejército de haitianos sin papeles o ilegales que vive en la República Dominicana. El tamaño de este ejército ha crecido, como era de esperarse, después del terremoto que asoló a Puerto Príncipe, en enero de este año.

Hacerse de la vista gorda

Esta es otra realidad que la sociedad dominicana enfrenta y ante la cual cierta presión ideológica y algunas organizaciones no gubernamentales exigen el silencio como respuesta. Todo reclamo ciudadano en demanda del diseño de políticas públicas para abordar esta cuestión es respondido por esos sectores, inmediatamente, como una muestra de racismo o, cuando menos, de discriminación social. Pero ni es racismo ni es discriminación social. Es un reclamo racional y justo de unos ciudadanos y ciudadanas que entienden que este país no tiene capacidad para recibir de manera permanente una masa de extranjeros que, mal que bien, necesita suplir necesidades básicas de sobrevivencia. Hasta ahora el Gobierno ha tenido una única respuesta: hacerse de la vista gorda. Pero esta es la peor de las respuestas posibles y es, además, la que más conspira para el diseño y ejecución de políticas migratorias dominico-haitianas sostenibles y comprensibles.

Y es, en síntesis, una respuesta poco responsable.