California, EE.UU. (AP).- Lisa Gesik lo piensa dos veces antes de entrar en su cuenta de Facebook porque teme toparse con peticiones indeseadas de «amistad», pero no de antiguas amistades a quien no ha visto en mucho tiempo, sino de su ex esposo, en prisión por haberla secuestrado a ella y a su hija.

Ni Gesik ni los funcionarios de la prisión pueden demostrar que su ex marido es quien envío los mensajes, que incluyen fotos de él con su ropa azul de la cárcel y gafas de sol oscuras, con los brazos cruzados mientras posa delante de una puerta tras las rejas. No importa si él los envía él o un tercero.

La mujer de Newport, Oregón, simplemente tiene miedo y está pensando en esconderse con su hija de 12 años de edad, a medida que se acerca la fecha para que el hombre recupere la libertad, en enero. «Es simplemente el temor de ser víctima de nuevo», dijo. Tanto en Estados Unidos como en otros países, los reclusos utilizan cada vez más las redes sociales y teléfonos introducidos ilegalmente en las cárceles para acosar a sus víctimas y denunciantes e intimidar a testigos.

Los funcionarios del sistema penitenciario de California que monitorean las redes sociales dicen haber encontrado muchos casos en los que los reclusos se burlaron de las víctimas o les hicieron insinuaciones sexuales no solicitadas. Al igual que en el caso de Gesik, las autoridades a menudo se topan con dificultades para determinar a ciencia cierta quién envía las amenazas y los pocos que son descubiertos rara vez enfrentan consecuencias graves.

«La capacidad para hacer este tipo de contactos está creciendo exponencialmente. En muchos aspectos, la ley no se ha puesto al día con estos avances en la tecnología», dijo Rob Bovett, un fiscal de Oregón cuya oficina procesó al ex marido de Gesik, Michael Gladney.

Timothy Heaphy, fiscal federal del distrito oeste de Virginia, dijo que el uso de las redes sociales por parte de los criminales para acosar a los testigos ha vuelto más difícil su trabajo. «Todos los días nos topamos con testigos que tienen miedo de ser identificados», dijo.

«Si hay más posibilidades para que las personas encarceladas pueden traspasar los muros de la cárcel, eso va a hacer más difícil que nosotros consigamos cooperación». En una rara victoria, la oficina de Heaphy pudo enjuiciar a John Conner y Whitney Roberts después de que configuraron una cuenta de Facebook que Conner utilizó para intimidar a los testigos que se preparaban para declarar contra él bajo cargos de quemar dos casas para dañar a una novia y cobrar el seguro.

Karen Carrisosa, quien vive en un suburbio de Sacramento, quedó atónita cuando las autoridades detectaron mensajes de Facebook enviados por Garner Fredrick, encarcelado en la prisión estatal de Corcoran. Garner cumple una condena de 22 años por homicidio involuntario en la muerte hace 11 años de su marido Larry Carrisosa, de 50 años de edad frente a una iglesia. Un canal de televisión de Sacramento alertó a la mujer que Garner estaba enviando mensajes a la madre de ella y otras personas.

Garner fue castigado con una reducción de 30 días a su liberación anticipada por tener un teléfono celular prohibido.

Fue trasladado a la prisión estatal de Salinas Valley. Héctor García hijo utilizó un celular ingresado ilegalmente en la prisión estatal de Kern Valley para buscar apoyo en Facebook a una huelga de hambre de parte de los presos, en busca de mejorar las condiciones de encarcelamiento de los líderes de pandillas alojados en pabellones especiales de seguridad.

El descubrimiento sacudió a Isabel Gutiérrez. García asesinó a uno de sus hijos e hirió a otro en enero de 2005. Ahora Gutiérrez teme que su propia red social la haya vuelto vulnerable. «Caí en pánico», dijo.

«Tengo fotos de mi familia y mis nietos. Sentí que pueden asomarse a mi mundo». Los guardias encontraron el teléfono usado por García y lo castigaron con una reducción de 30 días en su liberación adelantada y quitándole 30 días de ciertos privilegios, como el uso del patio en la cárcel o poder ver televisión y oír radio.

Los abogados que representaron a García y Gladney en sus procesos penales anteriores no contestaron las llamadas telefónicas de The Associated Press en busca de comentarios en nombre de sus antiguos clientes.