Hoy 
RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Aparte de las potenciales ventajas comerciales y de inversión, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica(DR-CAFTA) representa una oportunidad para completar las reformas económicas y las institucionales que la clase política y esta sociedad han sido incapaces de impulsar, las cuales son fundamentales para mejorar la competitividad y construir un país próspero.
Luego de las exitosas reformas económicas de 1991 y 1992 era evidente que el país debía continuar el proceso de reducción de los aranceles y la sustitución por impuestos internos, así como otras reformas económicas; sin embargo fueron postergadas y en algunos casos, como el Código Monetario y Financiero, su discusión por mas de una década fue una de las causas eficientes de fallos en la supervisión bancaria y como corolario quiebras de tres instituciones financieras que han costado y costarán muchos sacrificios a esta sociedad.
Durante una década fue pospuesta la reforma fiscal, y, mientras los demás países del área desmontaban los aranceles, en República Dominicana jugábamos a las reformas coyunturales y los «parches impositivos», y ahora nos enfrentamos a la necesidad de ratificar el CAFTA simultáneamente con la aprobación de una reforma impositiva y todo esto acontece con un gobierno en minoría congresional, el principal partido opositor tratando de recuperarse de la derrota y elecciones de medio termino a nueve meses.
El Tratado de Libre Comercio representa quizás la ultima oportunidad para montarnos en el tren del progreso y el desarrollo, pero el éxito dependerá de la habilidad de la clase política y el empresariado de impulsar las reformas fundamentales para eliminar los gravámenes a los sectores productivos, reducir la corrupción y hacer del estado dominicano un aliado y no un estorbo al despegue económico.
En lo inmediato, aparte de ratificar el tratado, es necesario aprobar una reforma impositiva que elimine la comisión cambiaria, los gravámenes a los sectores productores, como el ITBIS a insumos y bienes de capital, más la reducción arancelaria derivada del CAFTA.
Esa reforma tributaria no puede ser neutral o compensatoria como plantean algunos legisladores y funcionarios. No, la reforma debe generar los recursos para compensar las perdidas fiscales descritas anteriormente, estimadas en $32 mil millones a este año, más garantizar los recursos para incrementar el gasto social y enfrentar el déficit cuasi-fiscal.
El déficit cuasi-fiscal, originado en el pago de los intereses de los certificados emitidos para neutralizar las masivas emisiones inorgánicas dedicadas a rescatar todos los depositantes de los tres bancos quebrados, ha sido enfrentado con acierto por las presentes autoridades monetarias extendiendo los períodos de los certificados y reduciendo las tasas de interés, lo cual ha permitido eliminar el exceso de liquidez de la economía y reducir, en relación al PIB, la magnitud del déficit. Una medida del éxito de las autoridades monetarias es que mientras a julio del pasado año con valores en circulación por un monto de RD$89,980 millones, el servicio de los intereses ascendía a RD$3,010 millones mensuales, a junio de este año con un stock de certificados por RD$138,100 millones el pago de los intereses se ha reducido a RD$2,272 millones mensuales.
Aparte de la reducción del déficit cuasi-fiscal las autoridades han mantenido un programa de ventas de activos que se incrementará en los próximos meses gracias a las subastas competitivas de carteras y propiedades inmobiliarias coordinadas por el Comité Para la Realización de Activos(COPRA); sin embargo estos mecanismos son insuficientes para reducir a corto o mediano plazo el stock de los certificados, siendo necesario que el Gobierno Central aporte activos y asuma parte de la redención de estos instrumentos mediante la entrega al BC de recursos provenientes del superávit presupuestario.
El PRD, principal fuerza opositora, en cuyo gobierno se negoció el tratado y en cuyo gobierno, por la forma como afrontaron las quiebras bancarias, se produjo la hemorragia monetaria causante de la inestabilidad cambiaria y del cuasi-fiscal, debe asumir en estos momentos las responsabilidades de lugar y bajo ningún concepto torpedear la reforma global necesaria que compense las perdidas fiscales y garantice el superávit para asumir la deuda interna representada en los certificados del BC sin con ello sacrificar el gasto social.
La República Dominicana se encuentra en un momento de definiciones trascendentales con un CAFTA que representa quizás la última oportunidad en este siglo para intentar el salto al desarrollo; por ello es menester un gran pacto económico y social entre las fuerzas políticas y la sociedad civil para garantizar una reforma fiscal global, las restantes reformas institucionales, el compromiso de destinar mayores recursos al gasto social, especialmente salud y educación, y dedicar como mínimo 1% del PIB a redimir cada año un monto similar de certificados del BC.
