La revista The Economist planea en un análisis que la República Dominicana ha sufrido una caída espectacular del estado de gracia y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha quedado colocado en una posición incómoda en las negociaciones con el gobierno.

«Si (el FMI) retoma el apoyo, a ser culpado por los inevitables recortes en el gasto público -y por bendecir un rescate escabroso. Si niega la ayuda, lo van a acusar de haber puesto a la deriva a una economía frágil, que coquetea con el incumplimiento del pago de la deuda».

[b]A continuación el texto del análisis de The Economist:[/b]

De nuevo el Fondo Monetario Internacional se enfrenta a una decisión extraña en un país pequeño de América Latina. Antes de fin de año, deberá decidir si reinicia un programa de préstamo acordado en agosto y suspendido en octubre después que el gobierno, sin anunciarlo, pagó una cantidad similar para renacionalizar las dos principales distribuidoras de electricidad. Como tantas veces, el Fondo está en una situación incómoda. Si retoma el apoyo, va a ser culpado por los inevitables recortes en el gasto público -y por bendecir un rescate escabroso. Si niega la ayuda, lo van a acusar de haber puesto a la deriva a una economía frágil, que coquetea con el incumplimiento del pago de la deuda.

La República Dominicana ha sufrido una caída espectacular del estado de gracia. Entre 1996-2000, la economía creció en más de 7% al año, impulsada por el turismo, las plantas de ensamblaje de zonas francas, produciendo ropa y otros artículos para los Estados Unidos. Entonces, el crecimiento se estancó, junto con la economía mundial. El gobierno de Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano de centro-derecha, que asumió el poder en el año 2000, respondió con el gasto público, financiado por el préstamo extranjero. Esto condujo a déficits preocupantes, pero todavía manejables. Sin embargo, la desaceleración también puso a la vista un masivo fraude bancario que ha invalidado al país.

En abril pasado, el banco central asumió tardíamente a Baninter, el tercer banco comercial, que había sufrido una fuga de depósitos. Descubrió un agujero en las cuentas del banco de unos 60 millardos de pesos (US$2,4 millardos), equivalente al 12%-15% del PIB. Una tercera parte de las pérdidas se generaron durante los tres últimos meses del banco, cuando sus propietarios borraron cuentas de préstamos ilegales a ellos mismo y realizaron transfusiones de efectivo del banco matriz a cuentas en el extranjero.

El propietario de Baninter, Ramón Báez, está preso y en espera de juicio. Sin embargo, muchos dominicanos dudan que el castigo por la quiebra del banco corresponda con el delito. El señor Báez está muy bien relacionado. Regaló dinero a políticos, oficiales de las fuerzas armadas y jueces; después de su arresto, muchos de ellos lo han visitado en prisión. El banco central mostró una generosidad similar. Cuando ocupó Baninter, por ley solo debió haber compensado a los depositantes hasta un techo de 500,000 pesos (US$12,000). Sin embargo, garantizó todas las obligaciones del banco, incluyendo los depósitos en el exterior. Tres cuartas partes del dinero fue a parar a 80 propietarios de cuentas.

Los dominicanos pronto van a sentir el costo de esas medidas, mientras el gobierno batalla por poder controlar sus finanzas. La relación deuda pública/PIB se ha duplicado hasta 50% bajo el gobierno del señor Mejía. Para cerrar la brecha fiscal, a acudido a un impuesto de 5% a las exportaciones y al turismo, un sobrecargo de 2% a las importaciones y un impuesto a las transacciones financieras. Pero lo recaudado ha sido más bajo de lo esperado. Los empresarios están renuentes a pagar más impuestos, mientras el gobierno no logre reducir sus gastos.

La mente del señor Mejía está en la política. Aunque es impopular, está buscando un segundo mandato en las elecciones de mayo próximo. Sus antiguos partidarios entre los pobres han sido golpeados por el derrumbe del peso, que perdió la mitad de su valor frente al dólar el año pasado. Esto ha empujado la inflación a 35%. Los apagones se han vuelto más frecuentes. Más de 20 personas han muerto en enfrentamientos con la policía durante las protestas este año contra un aumento en los precios y la pérdida de empleos.

Los manifestantes culpan al FMI por su difícil situación. Deberían culpar al señor Mejía. Cualquier dinero que el Fondo pudiera darle a la República Dominicana en los próximos meses es probable que se desperdicie en el gasto pre-electoral. Hasta que los político den señales de asumir la responsabilidad por sus acciones, es difícil ver por qué merecen algún tipo de ayuda del Fondo.