Fue aplazada este martes la revisión de medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y del ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, imputados en el presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.

La decisión fue tomada por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien consideró que la prelación de la coerción que había impuesto su homologa Kenya Romero, reiniciaba el plazo para la revisión.

«Los imputados que tienen prisión preventiva apelaron, y como consecuencia de la apelación se mueve la fecha de la revisión para el 1 de septiembre del presente año«, dijo Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Con relación a los acusados que tienen arresto domiciliario, el procurador indicó que la revisión solo puede hacerse a solicitud de las partes, y ningunas de las defensas lo habían hecho, por lo que el Ministerio Público pidió al tribunal dejarla sin efecto.

Guerrero y Peralta, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Mientras que los demás procesados, incluyendo al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, están bajo arresto domiciliario.

Además de Peralta, Guerrero y Castillo, se vincula en el caso Calamar al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

También a Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación en la estructura de corrupción.

Acusación del caso Calamar

El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los presuntos miembros de la «red Calamar» habrían sustraído más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La imputación preliminar del MP en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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