Las cifras no son concluyentes, pero permiten deducir la magnitud de la tragedia que atraviesa en estos momentos la hermana República de Haití. Se afirma que sobrepasan de mil las personas muertas por causa de inundaciones y desbarres provocados por el paso de la tormenta Jeanne.

Para un país de pobre infraestructura y producción de alimentos muy limitada, los efectos de Jeanne garantizan una agudización de la ya extrema pobreza de la mayoría de los haitianos.

En nuestro territorio la tormenta hizo grandes daños y a pesar de que nuestra economía permite una recuperación más rápida, en comparación con el vecino Estado, pasará bastante tiempo hasta lograr normalizar la producción y la infraestructura dañadas en el Este, el Noreste, el Norte y el Noroeste. Imaginemos, pues, la devastación que hay en estos momentos en Haití y lo remotas que son las posibilidades de salir de la calamidad en el corto plazo.

Los países que se autodenominan amigos de Haití tienen en esta calamidad una nueva oportunidad de ser solidarios, como no lo han sido en el plano institucional, en lo político.

Deberían considerar que el desastre causado por la tormenta agudizará, en primer término, la hambruna y la insalubridad, dos de las más graves endemias del pueblo haitiano.

La ocasión es más que propicia para compensar con ayuda humanitaria a los damnificados haitianos, y compensar de ese modo, aunque sea en parte, el escarnio de una ocupación militar que nada ha aportado a la seguridad interna y al afianzamiento de la institucionalidad. Esta intervención, que se pretende justificar con el argumento de ayudar a organizar el país y proteger al Gobierno Provisional, ni siquiera ha pretendido disuadir a los rebeldes armados que continúan por sus fueros.

Ahora, tras el paso de Jeanne, las calamidades del pueblo haitiano se multiplican y magnifican. ¿Será posible que la solidaridad internacional enmiende ahora sus errores, volcándose hacia los damnificados de ese empobrecido país?

Más de lo mismo

La generación de energía eléctrica ha decaído a niveles que no garantizan estabilidad en el suministro.

Varias plantas han sido apagadas por falta de combustible y la causa es financiera, pues no hay dinero para adquirir combustibles.

Con ello se interrumpe el alivio dado al país desde que asumió el poder el actual Gobierno, que no ha podido saldar obligaciones con el sector.

Está pendiente de lograr una línea de crédito de US$50 millones que el Gobierno gestiona y que los generadores esperan para abastecerse de combustibles y poner en marcha sus plantas.

Como se ve, no hay novedad. Los apagones financieros son un mal asociado con la modalidad de capitalización, las cojeras del mercado eléctrico y, por supuesto, las limitaciones financieras del Estado.

El Gobierno ha tenido que modificar su orden de prioridades y destinar enormes sumas de dinero para mitigar el desastre causado por la tormenta Jeanne. Esperemos que esa circunstancia no postergue las soluciones del problema energético, problema que no se resolverá tomando dinero prestado para pagar a los productores de energía, sino yendo a la raíz del mal, es decir, a una capitalización festinada, a contratos que dejan mucho que desear, sobre todo en cuanto a la necesidad de renegociar los mismos.