Río de Janeiro.- La situación de calamidad pública decretada en Río de Janeiro, a mes y medio de las Olimpiadas, ha destapado el agujero del estado y ha acentuado la preocupación de organizaciones civiles sobre los riesgos que los recortes pueden suponer para celebración de los Juegos.

Amenazado por la quiebra, el gobierno de Río de Janeiro declaró el viernes el estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados el próximo 5 de agosto.

El objetivo, lograr fondos para concluir las obras olímpicas y adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público.

Tras la declaración, el estado de Río podría conseguir hasta 3.000 millones de reales (unos 840 millones de dólares) de fondos federales, según medios locales, para avanzar en los proyectos inconclusos, como la nueva línea de metro que debe llegar hasta el Parque Olímpico o el pago de las horas extras de los policías que garantizarán la seguridad durante el evento. Aunque puede aliviar la presión sobre el estado de Río, el decreto no resuelve el problema y el gobernador interino, Francisco Dornelles, ha reconocido que “se tomarán medidas duras».

De hecho, para la Federación de las Industrias de Río de Janeiro (Firjan), la declaración de estado de calamidad se antoja insuficiente y ya ha señalado que tal medida necesita ser “complementada” con un amplio programa de venta de activos por parte del Gobierno regional, así como por una reestructuración de las cuentas públicas.

Los problemas económicos se suman a otras luces rojas -como el zika, la inseguridad o la contaminación de las aguas donde se desarrollarán algunas pruebas olímpicas- que han provocado incluso que algunos sectores pongan en duda la conveniencia de celebrar los Juegos de Río 2016.

La reacción de organizaciones civiles que vienen denunciando las deficiencias en los preparativos de las Olimpiadas, no se ha hecho esperar.

Para Amnistía Internacional, la actual crisis podría “agravar aún más” la situación en las áreas de salud y seguridad, y advirtió que la celebración de grandes eventos deportivos no puede llevarse a cabo “a costa de la supresión de derechos».

De acuerdo con esta organización, contrariamente a la medida anunciada por Dornelles, lo que el estado fluminense “necesita” es una mayor inversión, para garantizar que las Fuerzas de Seguridad estén preparadas y así “no repetir las violaciones de derechos humanos” que la organización viene documentando desde hace años.

Al respecto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha dicho en Twitter tener la “certeza” de que la seguridad del evento no será un problema, gracias al apoyo del Gobierno federal, y ha recalcado que la situación financiera de la región no atrasará “las entregas olímpicas, ni los compromisos asumidos por Río». El Consejo Federal de Medicina (CFM) de Brasil ha alertado también de la falta de capacidad de la red pública de salud para atender la demanda durante la cita olímpica.

Entre los problemas más urgentes, la falta de profesionales, la escasez de reservas de sangre y la precariedad en el acceso a medicamentos en los hospitales públicos. El comité organizador de los Juegos ha señalado que el decreto de “calamidad” no tendrá impacto sobre los preparativos de los Juegos, puesto que el comité Río 2016 “no depende de ninguna clase de fondos gubernamentales».

El estado de Río no es el único que tiene problemas de solvencia en Brasil, sacudido por una crisis económica y política sin precedentes en los últimos años. El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía sudamericana se encogió un 3,8 % el año pasado y los economistas prevén para 2016 una caída similar.