República Dominicana dispone en teoría –pero muy reducidamente en los hechos- de un sistema de asistencia a los  trabajadores que sufren accidentes en su desempeño. La Administradora de Riesgos Laborales de la seguridad social ¡vive! existe, y sus arcas están repletas de millones de pesos recabados a través de  descuentos a los asalariados  y de aportes de los empleadores; pero menos de la mitad de los accidentes sufridos por los  así asegurados son reportados al sistema para lograr atenciones a los afectados y a sus familiares. En gran medida, un lesivo desconocimiento de los propios  perjudicados (que incluso sufren accidentes mortales) tiene como consecuencia  la grave injusticia de dejar sin  acción reparadora   a miles y miles de hombres y mujeres generalmente de condición humilde.

Es hora de lograr que cada  infortunado suceso en lugares de trabajo    origine un reporte. Que  los empleadores  no incurran en absurdos ocultamientos  de lesiones  y tragedias en  sus establecimientos,  con lo que impiden el funcionamiento de la cobertura. La pasividad de los propios accidentados ha debido contrarrestarse desde hace años con la difusión de informaciones orientadoras por todos los medios publicitarios disponibles. Los trabajadores deben ser concienciados de sus derechos a la asistencia y al resarcimiento para que se acojan al amparo  vigente para   sus horas de labores. La desconexión  debe cesar.

El caminante que llegó a la muerte

No parecería suficiente la versión de los hechos dada por la Policía sobre la trágica muerte del joven Luigy Bienvenido Suero. Eso de que una patrulla lo baleó tras proponerse detenerlo porque caminaba en forma sospechosa  por una avenida del ensanche Los Minas, mueve a temer un uso excesivo de la autoridad. Una aplicación arbitraria y prejuiciosa de suponer que alguien es un delincuente por su forma  de  caminar o por el sitio  que escoge para caminar.

Se atribuye a la víctima haber utilizado  un revólver con la “numeración limada”, expediente de ingrata recordación. Procede dar  garantías de que   los agentes actuantes  no han pretendido crear “evidencias” a posteriori  para justificar la típica conducta de disparar primero  y averiguar después que con frecuencia  ha ocurrido. Debe ser la Justicia la que establezca si en realidad hubo algún “intercambio” de disparos, versión que siempre se recibe con escepticismo.