POR GERMAN MARTE
El respeto de los derechos humanos en la República Dominicana continuó siendo «pobre» durante el año 2004, pese a ciertos avances en algunas áreas, según un informe del gobierno de los Estados Unidos dado a conocer ayer en el que se destaca la muerte de 300 ciudadanos a manos de agentes policiales en «intercambios de disparos».

«El record del gobierno en materia de Derechos Humanos permaneció bajo», dice el documento difundido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

Destaca que las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en muertes extrajudiciales, arrestos ilegales y abuso de poder como en años anteriores.

«Los policías, y en menor grado los militares, torturaron, golpearon o por lo menos abusaron de sospechosos, detenidos y prisioneros», dice el informe. 

Precisa que los agentes mataron entre 250 y 300 personas durante el año pasado, y señala que a pesar de que las autoridades civiles controlan las fuerzas de seguridad, en algunos casos «hay agentes que actúan independientemente del gobierno y violan los derechos humanos».

Expresa que la mayoría de las muertes, según la Policía, se produjo en intercambio de disparos durante arrestos en la que los agentes actuaron en defensa propia. Pero agrega que algunos testigos corroboran la versión policial y otros no. Muchas de las muertes fueron atribuidas a tácticas agresivas de la Policía.

Entretanto, señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó aproximadamente 300 muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Veinte de las muertes se produjeron luego que el nuevo jefe policial (Manuel de Jesús Pérez Sánchez), asumiera el cargo en agosto, señala el documento.

El periódico de mayor circulación (no lo cita por su nombre) reportó la muerte de 360 personas en intercambios de disparos con la Policía durante el año, incluidas 74 desde agosto hasta fin de año. En tanto que la Policía reportó 75 muertes a manos de oficiales entre agosto y diciembre, frente a 167 muertes registradas en el mismo período durante el 2003. De acuerdo con la PN, sólo en tres de las muertes registradas entre agosto y diciembre se trató de muertes extrajudiciales.

Afirma que las condiciones de las cárceles fueron de malas a infrahumanas y que la Policía arrestó y detuvo a familiares de sospechosos, de manera arbitraria. Agrega que las prolongadas detenciones extrajudiciales y la dilación en los procesos judiciales continúan siendo un problema.

Srgún el informe, a veces las autoridades violan la privacidad de los ciudadanos, y la Policía entra a los hogares sin una orden judicial.

El informe del Departamento de Estado dice, además, que en el país periodistas y editores practican la autocensura, pero no ofrece detalles al respecto.

En cuanto a los migrantes haitianos, el informe del Departamento de Estado señala que el gobierno restringe el movimiento de esos extranjeros, y deporta a algunos de ellos.

Otros problemas serios son la violencia y discriminación contra la mujer, la prostitución infantil, abusos de menores, y discriminación contra los discapacitados.

El documento recalca la «grave» discriminación contra los migrantes haitianos y sus descendientes.

 El tráfico de personas durante el 2004 fue un problema grave, a pesar de que el gobierno incrementó la investigación sobre los traficantes.

Asimismo, indica que continuaron los reportes sobre trabajo forzado. Y algunos trabajadores fueron impedidos de organizarse libremente al tiempo que encaran condiciones inseguras en sus labores. Y añade que el trabajo infantil fue un problema grave.

LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO

El informe del Departamento de Estado establece, sin embargo, que el gobierno hizo algunos avances en la promoción del respeto a los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. 

Y resalta que el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia en septiembre ofrece  garantías adicionales a los sospechosos.

En tanto que el nuevo Código del Menor, vigente desde octubre pasado, ofrece protección adicional y establece sanciones en caso de explotación sexual o comercial contra los niños.

De acuerdo con el Informe, la judicatura continuó consolidando su independencia  y realiza reformas tendentes a incrementar la eficiencia y garantizar el debido proceso.

Adicional a esto, unidades militares y de policía reciben entrenamiento en derechos humanos.

Además, señala que una nueva escuela penitenciaria comenzó a entrenar un personal especial para custodiar y administrar las cárceles.

Destaca también que el Congreso aprobó la ley de Libre Acceso a la Información Pública.  En tanto que el gobierno incremento su capacidad para combatir el tráfico de personas y aumentó la investigación sobre los traficantes.