La violencia vinculada a la falta de acción institucional de las autoridades tiene siempre de trasfondo el incumplimiento de la Constitución y leyes locales, agravada aun más por la existencia de altos niveles de complicidad entre los responsables de la aplicación de la regulación y los beneficiarios de la transgresión, tal es el caso de los incalculables daños causados al medioambiente por cualquiera de las vías que se utilicen.

Un bajo índice en lo que los angloparlantes describen como “Gobernance” (calidad de gobierno) es la máxima expresión de la violencia de Estado negativa e inicia con el uso de los recursos públicos. El no invertir o gastar el presupuesto nacional de la manera más adecuada posible, es una violencia ejercida por el Estado que afecta no solo al ciudadano del presente, sino que también aleja las posibilidades de que el del futuro viva en un mundo más justo. La mala inversión de los recursos de los pueblos, a pesar de que profundiza la miseria de las grandes mayorías, incrementa las riquezas de unos pocos, y es ante ese cuadro que surge una manifestación diabólica de esta violencia: la impunidad, que viene a ser la falta de acción institucional ante las consabidas violaciones de personas que logran superponerse a las normas establecidas por el consenso social.

Vale la pena resaltar que la negativa violencia de Estado, en todas sus manifestaciones, genera profundas desigualdades sociales que desafortunadamente crean las condiciones para que germinen de manera abundante grandes males en la sociedad, como la delincuencia social, la desintegración familiar, la corrupción pública y privada, etc., calamidades éstas que luego pretenden ser contrarrestadas con el ejercicio del monopolio del Estado de la violencia positiva, teniendo que utilizar altas sumas de dinero para corregir a entes sociales que en su momento no dispusieron de la adecuada atención estatal para evitar ser el tipo de personas que hoy son.