El empresario Abraham Hazoury, presidente del Grupo Abrisa, calificó las denuncias sobre supuesta corrupción en el permiso de construcción del aeropuerto internacional de Bávaro de irresponsables, vergonzosas y carentes de seriedad jurídica y la atribuyó a grupos que buscan perpetuar su monopolio y privilegios a cualquier precio.

El también presidente del Aeropuerto Internacional de Bávaro, afirmó que desde que se promulgó el decreto sobre el establecimiento del proyecto “se han publicado una serie de desinformaciones encaminadas a desacreditar esta iniciativa privada, con la obvia intención de crear una percepción pública negativa. Pero una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada”.
Calificó de “fábula con intención de confundir a la opinión pública que el proyecto se haya aprobado “por arte de magia”, en el periodo de transición.

Explicó que solo el proceso de compra de los terrenos tomó más de un año, a lo que se agrega el trabajo de preparación de los documentos técnicos, financieros y legales de soporte.
Dijo que desde la introducción del proyecto a las instituciones públicas competentes, el 31 de octubre de 2019, y hasta que fue dictado el decreto de aprobación, el 21 de julio pasado, transcurrieron 9 meses de evaluación y obtención de permisos y certificaciones.

Sostuvo que el presidente Danilo Medina “tuvo la prudencia de exigir que todas las evaluaciones y autorizaciones que eran necesarias fueran cumplidas antes de estampar su firma para aprobar un proyecto de iniciativa privada, sin fondos públicos, ni erogación económica de ningún género con cargo al Estado y que todo estuviera dentro del marco de su obligación constitucional de propiciar la libertad de empresa, la libre competencia y la igualdad de oportunidades.

En un comunicado que se publica hoy en este diario, Hazoury cuestionó que se quiera estampar al proyecto aeropuerto con el estigma de la corrupción, que calificó como un recurso propio de los que no tienen argumentos para rebatir con seriedad y profesionalidad y un síntoma de debilidad jurídica y carencia de fuerza probatoria, pero eficaz para confundir voces y plumas.

“Es penoso que personas con una trayectoria e integridad reconocidas, hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable y vergonzosa denuncia de corrupción”, dijo.

Consideró bochornoso que “sea en la opinión interesada de un “controlador controlado”, que funge como supervisor del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idsc), en el Aeropuerto de Punta Cana, que nuestros detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto, desmeritando el amplio y riguroso informe institucional favorable, preparado y firmado por el universo de los departamentos que integran el IDAC, que tienen competencia”.

Citó el caso del Aeropuerto de Punta Cana que nació como un aeródromo, “fue aprobado mediante un Oficio dirigido a la empresa propietaria, suscrito por el entonces Presidente Salvador Jorge Blanco, el 9 de noviembre de 1982, que le otorgó su no objeción y los beneficios de la Ley 153 sobre Promoción e Incentivo Turístico”, luego duró 18 años en un limbo contractual, hasta el 10 de julio de 2000 que suscribió su único contrato con el Estado dominicano.