POR RAMON HEREDIA
SAN CRISTOBAL.- La ampliación de la carretera San Cristóbal-Baní ha tenido un elevado costo ecológico, con el derribo de decenas de árboles frutales maderables, según denunció una organización no gubernamental. Al formular la denuncia, la Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente -FEPMA- calificó la acción como un crimen ecológico, y señaló que a pesar de esas devastaciones, los trabajos de esa vía están paralizados.

La entidad advirtió, asimismo, que esa carretera se ha convertido en peligro, debido a las excavaciones dejadas por el movimiento de tierra.

Entre los frutales derribados figuran matas de mango, tamarindo, limoncillo, quenepa, guanábana, limón, toronja, cajuil, níspero buen pan, cereza, manzana de oro, jobo y caimito coco, mientras que las plantas maderables figuran roble, caoba y cedro.

El licenciado Luis Casilla, presidente de la entidad, dijo que el corte de árboles y el desalojo forzado de los moradores de ambos extremos de la carretera no se podrá resarcir con los recursos que el Estado y las compañías constructoras deberían pagar a los perjudicados.

Manifestó que este daño a la naturaleza formó parte de la política «improvisada y desacertada» de las pasadas autoridades gubernamentales, «especialmente las de Medio Ambiente y Obras Públicas».

Casilla agregó que los trabajos de ampliación fueron dispuestos «para beneficiar a unos cuantos funcionarios del pasado Gobierno, que se dedicaron los cuatro años al cobro de peaje por inicio de obras».

Indicó que el inicio de esta ampliación no incluyó un estudio de impacto ambiental, que redujera a su mínima expresión los daños ecológicos que en toda obra de modernización son obligatorios.

COMPENSACION

La FEPMA pidió a la Secretaría de Medio Ambiente que obligue a la empresa constructora encargada de la obra a reponer los árboles devastados por las maquinarias.

Dijo que el grueso de personas afectadas con la ampliación de esta vía son campesinos de escasos recursos, que perdieron sus frutos y sus casas, sin recibir un pago justo.

Sugirió al contratista de la obra reponer las plantas, realizando jornadas de reforestación en todo el entorno intervenido, así como regalándole plantas frutales y maderables a los lugareños que han sido afectados.

Casilla afirmó que nunca una venta obligada sería beneficiosa para el propietario de los bienes, sobre todo en este tipo de transacciones en que los comunitarios no reciben una justa retribución económica.

Advirtió, sin embargo, que no hay dinero en el mundo para compensar el daño emocional que estos trabajos han dejado en los moradores de las comunidades cercanas a la pista San Cristóbal-Baní.

«Las ayudas por parte de la empresa constructora consistirían en restablecer sus sembrados con plantas frutales y variedades genéticas mejoradas y de rápido crecimiento.

Casilla aseguró que esta medida vendría a paliar la pérdida de las riquezas materiales y afectivas de los agricultores y campesinos de la zona devastada.