POR ODALIS MEJIA
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana (PC) calificaron como grave, preocupante y muestra de pérdida de autoridad del Estado de que el principal acusado del desfalco de RD$50 millones en el Fondo de Pensiones de la Secretaría de Finanzas, Angel José Castro, “esté siendo encubierto por alguien”, tal como afirmara el director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Octavio Líster.

Emplazaron a que se revelen los nombres de los que estarían protegiendo a Castro y que el Estado utilice sus organismos de inteligencia para dar con el paradero del acusado, contra quien existe una medida de coerción.

Servio Tulio Castaños, director de FINJUS, deploró que se ha hecho común la falta de investigación de denuncias que involucren personas con poder o que desde el Estado son protegidas.

Criticó la falta de acción de parte del Estado para hacer justicia contra las personas que “históricamente han estado protegidas por la impunidad en la República Dominicana”.

Apuntó que cuando no se puede someter al orden a un ciudadano, el Estado se convierte en responsable del desorden que se está viviendo en la sociedad.

 “El Estado está para darle respuesta al crimen organizado y la corrupción y si desde el Estado no se están dando señales frente a ese flagelo, ya no se trata de la impotencia de un funcionario, sino de un Estado que ha perdido su autoridad o no está siendo responsable cuando se presentan situaciones de esa naturaleza”, expresó Castaños.

Recordó que la ley contempla acciones civiles y penales cuando se desacata una acción judicial, al sugerir que se fortalezcan los sistemas de consecuencias para los funcionarios que no acaten la ley.

Mientras que Javier Cabrera, director ejecutivo, consideró como preocupante de que pueda haber personas o funcionarios de alto nivel protegiendo a los implicados del desfalco porque eso implica que los que protegen tienen responsabilidad en los hechos.

Sin embargo, expresó que Líster, independientemente de la situación, tiene que realizar su trabajo y debe someter además a quienes incurren en la protección, porque no puede hacer la denuncia “pura y  simplemente”.

Expresó que las declaraciones de Líster evidencian falta de apoyo de parte del gobierno en aras de una mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción desde el Estado cuando debería contar con un gran respaldo.

 “Esto no conviene a una lucha efectiva contra la corrupción y sobre todo porque si hay políticos o personas con mucho poder protegiendo a estos supuestos responsables esto podría estar quitando la posibilidad de llegar hasta la últimas consecuencias”, indicó Cabrera.