El sistema penitenciario cuenta con los protocolos necesarios para resguardar la vida del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en caso de que se le dicte prisión preventiva por su presunta implicación en un entramado de corrupción, aseguró ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“No hay ninguna razón para temer, porque el sistema penitenciario puede gestionar la incorporación de cualquier ciudadano de República Dominicana”, subrayó el procurador adjunto Wilson Camacho.

Los abogados de Rodríguez sostienen que la prisión preventiva “no es una medida que se le pueda dictar a un exprocurador, exjuez o exfiscal. Una persona que hace una persecución del crimen debe tener un trato correspondiente a su función”.

La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción, en la que el MP pide declaratoria de caso complejo y prisión preventiva contra los encartados, fue reenviada para el próximo jueves en la mañana, luego de que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió un pedimento de las defensas técnicas de los imputados, que requerían más tiempo para estudiar el pliego acusatorio.

Buscan someter a otros. Al ser preguntado sobre otras personas investigadas por el denominado caso Medusa, Wilson Camacho respondió que la institución realiza todas las diligencias necesarias para incluir a esos individuos en el proceso penal y que, incluso, “hemos hecho contacto con organismos internacionales a fin de que asistan al MP para arrestar a las personas que todavía no están en este proceso”.

Hasta el momento, el único imputado que las autoridades han informado que se encuentra prófugo es Rafael Canó, exdirector de Gabinete de la Procuraduría General de la República (PGR), quien salió del país antes de ser arrestado.

Además de Rodríguez y Canó, en el caso están implicados Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
El expediente del órgano acusador establece que estas personas formaron una red criminal de corrupción que operó desde la PGR y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de RD$6,000 millones.

Red aprovechó la coyuntura de la covid-19. Este entramado de corrupción, de acuerdo al expediente del MP, también sacó provecho de la emergencia sanitaria por la covid-19 para perpetuar la malversación de fondos de la PGR.

El documento pone de ejemplo que los imputados Jean Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez, director administrativo, y Alfredo Solano, subdirector financiero, elaboraron 22 contratos de alquiler de medios de transporte por un monto de RD$35.9 millones, los cuales se hicieron al margen de la ley y en un momento en el que la mayoría del personal trabajaba a distancia.

Estos contratos “se firmaron en plena pandemia del covid-19, época en que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transporte y pagarlos a través de las cuentas de nóminas, con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante”. Estos contratos, señala el expediente, fueron cancelados antes de vencerse el plazo de terminación.

Además, el escrito legal indica que el último contrato suscrito entre la PGR y la empresa Desarrollo, Individuo y Organización, presuntamente dedicada a impartir talleres de formación de liderazgo, se refiere a capacitaciones supuestamente realizadas entre marzo y mayo del 2020, período en el que el país estaba en estado de emergencia por la pandemia y, por ende, bajo protocolos de salud ampliamente restrictivos.

Obligados a apoyar la campaña de Gonzalo. Basado en la entrevista realizada a un diseñador gráfico del Departamento Informático de la PGR, los fiscales afirman que los empleados de dicha dependencia eran obligados a colaborar, hasta más allá de sus horarios habituales, con el proyecto político Renovación 2020, en apoyo al entonces candidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo.

Pero el apoyo de la institución hacia este político no se quedaba ahí, ya que los vehículos incautados en procesos judiciales también fueron utilizados para apoyar sus aspiraciones, de acuerdo al MP.

Incineraron evidencias. El pliego acusatorio señala que la red de corrupción, en medio de la transición gubernamental tras la derrota del PLD, “incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información”.