El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el martes 8 de septiembre el conocimiento de solicitud de medida coerción contra los imputados en la denominada operación Camaleón, en un expediente presentado por el Ministerio Público que desmantela una presunta red de corrupción y crimen organizado vinculada a los procesos de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) del sistema semafórico de Santo Domingo.

La decisión del tribunal fue acogida luego de que la defensa de los siete imputados pidiera se pospusiera el proceso para la siguiente semana.

Antecedentes y acusaciones

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), depositó el pasado viernes la solicitud formal de coerción, detallando una serie de delitos graves que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. Entre las pruebas presentadas, destacan contratos fraudulentos relacionados con la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, además de evidencias de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa, destinado a la usurpación de funciones de organismos de inteligencia y seguridad.

Los principales imputados incluyen al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; el coordinador de Despacho, Frank Díaz Warden; el exdirector de Tecnología, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. También están implicados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas.

Operativo y hallazgos

La Operación Camaleón, llevada a cabo por más de 170 efectivos policiales y 30 fiscales especializados, incluyó allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Durante el operativo, se incautaron múltiples evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, lo que llevó a la entidad a calificar esta operación como una de las más exitosas en su lucha contra el crimen organizado.