A su salida del tribunal donde este miércoles se conoce la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la denominada operación Camaleón, Keila Pérez, jueza presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Elías Santini Justo, juez sustituto, y Arisleyda Méndez Batista, de primera instancia, expresaron ser víctimas.

Los magistros figuran en la instrumentación del Ministerio Público como parte de las personas del sistema judicial que el encartado Jochi Gómez habría espiado, según los documentos que el órgano acusador halló en uno de los vehículos del señalado.

Más temprano, Jochi presentó su defensa en una audiencia que se desarrolla a puertas cerradas en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, Jochi es beneficiario de los contratos presuntamente fraudulentos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, para el sistema semafórico de Santo Domingo, cuyo monto superó los 1,300 millones de pesos, a través de sus empresas Aurix S. A. S, Transcore Latam S. R. X. y Dekolor S. R. L.

En tanto, según reportes de la periodista Llennis Jiménez, del periódico Hoy, la fiscal Mirna Ortiz confirmó que Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), manifestó que al proceso podrían añadir nuevos imputados a la lista de los siete señalados y las empresas antes citadas.

Mientras, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, confirmó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción pasadas las 2:00 de la tarde, en el que también está involucrado el exdirector del Intrant, Hugo Beras, sindicado por el órgano acusador como «coautor» del supuesto entramado contra el erario.