Javier Herrera 
Deberá cumplir 18 meses en el penal de Najayo, San Cristóbal
El cargo que ocupó Hugo Beras como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), desde agosto de 2022 a noviembre de 2023, podría en riesgo la investigación en torno a los señalamientos del Ministerio Público en la denominada operación Camaleón, con la que desmanteló una presunta red de siete personas contra el Estado por un contrato para el sistema de semaforización de Santo Domingo por más de 1,300 millones de pesos, en la que también es señalado.
Así lo reveló Laura Acosta, representante legal del exdirector del Intrant, al manifestar una de las razones por las que este jueves la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso a Beras 18 meses de prisión preventiva, a ser cumplidos en el penal de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Acosta acotó, sin embargo, que la decisión de la jueza se dio «a pesar de que él ya no está en la posición y, por tanto, no tiene el poder que ella le atribuye». Pero la togada dijo a periodistas que respeta la medida, aunque no está de acuerdo. En ese sentido, adelantó que apelarán lo decidido por el tribunal.
Respecto a que si los jueces que son mencionados por el Ministerio Público como víctimas de espionaje, y que el pasado miércoles asistieron a la audiencia del conocimiento de solicitud de medida de coerción, influyó en la decisión de la jueza, Acosta puntualizó que no tiene pruebas de que la prisión preventiva contra Beras haya sido por eso. «No puedo asegurar algo que es una suposición», dijo, aunque lo consideró «extraño y sorpresivo».
«Es evidente que en este caso hay intereses sumamente grandes, que escapan a nosotros mismos y al propio Hugo Beras. De modo que existe esa posibilidad, pero yo no lo puedo asegurar», aseveró. Consideró que la decisión de la jueza es «un golpe duro; pero él no tiene por qué bajar la cabeza».
Otros de los principales encartados a quienes se les impuso 18 meses presión preventiva son José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y a Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico. Además, la magistrada declaró el caso complejo.
Los otros sindicados son: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant. Tambien se imputa a las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
